Santa María (Grado),
Lorena VALDÉS
Del papel al terreno. Las obras de la subestación de Santa María de Grado han comenzado este mes, tal y como tenía previsto Red Eléctrica de España (REE), después de que el Tribunal Supremo rechazase a finales de 2011 la paralización cautelar de la instalación, solicitada por el Ayuntamiento moscón «al prevalecer el interés general y haberse cumplido los distintos trámites para la autorización y la declaración medioambiental». Como repuesta, el gobierno moscón, formado por el PP, Aigras y Foro Asturias, presentó un nuevo recurso con el objeto de frenar el proyecto, aprobado en 2005 cuando Izquierda Unida ostentaba el poder en el municipio. A la espera de que la justicia se pronuncie, el movimiento de tierras ha comenzado en Santa María.
El alcalde de Grado, Antonio Rey (PP), reiteró ayer el propósito del ejecutivo local de «luchar hasta el final por que esta auténtica barbaridad no se lleve a cabo». A la espera de la resolución judicial, Rey reconoció que «no podemos paralizar las obras ni ir en contra de las leyes». Por su parte, el presidente de la Plataforma Pro Santa María, Mariano Álvarez, prefirió no pronunciarse «hasta conocer el resultado de las reuniones que mantendrá hoy y mañana en busca de soluciones».
La subestación de Santa María, que tendrá un coste de 13,5 millones de euros, contó desde el principio con la oposición frontal de los vecinos, que consideran que la instalación dañará de forma notable el paisaje de una zona de especial interés, como es el caso de los meandros del río Nora y las riberas del río Nalón, y podría acarrear perjuicios a la salud.
Fruto del convenio que en su día firmó el Consistorio con REE, el concejo obtendría una compensación de 400.000 euros. De esta cantidad ya recibió la mitad, que se invirtió en la remodelación del parque Manuel Pedregal en 2006. Tras anular el convenio en un Pleno celebrado en marzo del año pasado gracias a los votos del equipo de gobierno de entonces, formado por PP y AIGRAS, para dejar sin efecto la decisión plenaria adoptada a favor de la subestación, el Ayuntamiento deberá devolver esa cantidad a la empresa. De hecho, Red Eléctrica asegura que ya le ha solicitado el dinero en varias ocasiones al Consistorio, sin obtener respuesta alguna.
El Ministerio de Industria aprobó finalmente en enero del año pasado la construcción de la subestación eléctrica en Santa María de Grado. Esta subestación y la línea de alta tensión que se creará para comunicar la zona occidental con el centro del Principado vienen cargadas de polémica desde el año 2005, cuando, además de numerosas declaraciones políticas, se presentaron ante la Comunidad Europea 4.000 firmas contrarias a su construcción.
