Los afectados por la ley de Costas confían en un cambio que les beneficie

Villaviciosa,

Mariola MENÉNDEZ

Villaviciosa se agarra con esperanza al anuncio del nuevo ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, de que llevará a cabo una reforma «profunda» de la Ley de Costas que permita «armonizar» el desarrollo económico con la protección de los recursos naturales.

«Esperamos que cambie el reglamento de la ley y se adapte a las condiciones de Villaviciosa y de Asturias, que son muy distintas a las del resto de España», afirma el presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas del concejo, Ignacio Cavanilles. Argumenta que la situación del litoral maliayés y, en concreto, de su ría difiere de las circunstancias de abusos urbanísticos que se han dado en otros lugares del país. En su caso particular, lleva años pleiteando por conservar la propiedad familiar, una finca con explotación ganadera que data de 1600 y que fue adquirida legalmente por sus antepasados. «Si el Estado quiere quitarte la propiedad, que te la expropie. Pero aplica una expropiación encubierta y te da una concesión de 30 años, prorrogable por otros tantos, que ni de lejos cubre la pérdida. Además, a día de hoy en Asturias no se están dando concesiones porque es una labor muy engorrosa, es un reglamento farragoso», sostiene Cavanilles, que espera un cambio.

Los afectados confían en que se produzca una modificación del reglamento para que se «adecúe a las circunstancias de cada zona» y también exigen que, si el Estado reclama «propiedades legítimas» de particulares para uso público, se ponga en marcha un expediente de expropiación. Igualmente, Ignacio Cavanilles quiere dejar claro que no se postulan «en contra de la Ley de Costas» porque defiende que «tiene que existir para preservar el litoral de abusos, pero no es el caso de Villaviciosa».

También instan a los responsables políticos a asumir las promesas electorales que realizaron y a que «sigan apoyando como prometieron una solución favorable». Este colectivo insiste, ante los temores propagados por los grupos ecologistas de que se produzcan desórdenes urbanísticos, que no respaldan ni piden «una nueva oleada de cemento en la arena, sino la justicia a que las víctimas tienen derecho».