Carrió,

Braulio FERNÁNDEZ

El realojo de los vecinos de Carrió en una nueva área de terreno recogida en el nuevo Plan General de Ordenación no lo costearán los residentes del concejo, como se ha apuntado desde el movimiento asociativo, sino que se realizará con cargo a las empresas del área industrial o al Principado de Asturias. Ésta es al menos la previsión del gobierno de Carreño, que para ello ha señalado en el nuevo documento de ordenación territorial «que ese suelo se urbanizará exclusivamente con vivienda acogida a algún tipo de protección».

El nuevo plan urbano, cuya aprobación por parte de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) se produjo el pasado mes de diciembre, señala que el realojo necesitará de un 100 por ciento de terrenos expropiados, lo que indujo a los vecinos a pensar que serían las arcas municipales las que tendrían que sufragar la compra forzosa de los terrenos. Sin embargo, desde el gobierno local aseguraron ayer que los planes pasan por que sea el Principado el que se encargue de costear un traslado que, por otra parte, no convence a los vecinos de Carrió.

De hecho, en este sentido, el gobierno de Ángel Riego ya arrancó un compromiso del Principado durante el pasado mandato. Desde el ejecutivo local se señaló entonces que, «si el Principado pone el dinero, el realojo será posible, porque suelo habrá para ello seguro». En 2008, la por entonces consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, declaró en una visita a Candás que el realojo debía empezar por dibujarse en el nuevo Plan General de Ordenación, como finalmente ha sucedido.

El Gobierno regional de Foro Asturias se comprometió a hacer avanzar el realojo desde el punto en que quedó paralizado tras el cese de la Administración socialista, como manifestó la consejera de Bienestar Social, Paloma Menéndez Prado.

Más aún, el Plan General de Ordenación (PGO) se da por aprobado en Carreño, hasta el punto que aunque no se haya producido la aprobación final, pendiente del texto refundido que incluirá las prescripciones que fija la CUOTA, legalmente ya se pueden conceder licencias urbanísticas. Y, de hecho, se están tramitando.

Por el contrario, algunas asociaciones de vecinos y algunos grupos políticos se oponen a que se dé por cerrado el capítulo del PGO y piden una nueva fase de información pública y que el documento pase de nuevo por el Pleno. La Asociación de Vecinos de Perlora solicitó ayer, mediante una petición presentada ante el registro del Ayuntamiento, que el documento vuelva a ser expuesto a la opinión pública.