Pola de Siero,
Manuel NOVAL MORO
El Tribunal Supremo ha rebajado de 692.912 a 90.652 euros la cantidad que debe devolver el ex alcalde socialista de Siero Juan José Corrales por los salarios y las prestaciones sociales pagados a los trabajadores municipales por encima de lo estipulado por la ley entre 1999 y 2001. El alto tribunal ha estimado parcialmente un recurso de casación interpuesto por Corrales contra la sentencia que le condenaba al abono de la cantidad mayor al considerar que el ex dirigente sólo cumplía el mandato del Pleno. Sin embargo, su antecesor en el cargo, el popular José Aurelio Álvarez, deberá hacer frente a los 54.805 euros a los que le condenaba la primera sentencia porque la cantidad es inferior a lo que prevé el sistema judicial para estos recursos.
La razón principal que aduce el Tribunal Supremo en su estimación parcial del recurso de Corrales es que el aumento de los salarios firmado por el regidor de entonces no fue otra cosa que el cumplimiento de un mandato de la Corporación, con lo que queda eximido de la responsabilidad por su ejecución. Sin embargo, el Ayuntamiento también aplicó ayudas sociales que no tenían el amparo del Pleno, y que por tanto sí se pueden considerar responsabilidad suya. La devolución correspondería a las ayudas de gastos farmacéuticos y al pago de parte de los intereses de préstamos hipotecarios de los funcionarios municipales.
Este periódico no pudo localizar a Juan José Corrales para que ofreciera su punto de vista respecto a la sentencia.
Por otra parte, el ex alcalde del PP José Aurelio Álvarez deberá devolver a las arcas municipales 54.805 euros, que en este caso sí corresponden a los sueldos pagados por encima de lo estipulado en la normativa, los del año 1999 hasta que el 3 de julio dejó de estar al frente del gobierno local. En su caso, la razón es fundamentalmente procesal. Álvarez, al igual que Juan José Corrales, había recurrido en casación ante el Tribunal Supremo, pero su recurso no se admitió a trámite porque la cuantía era menor de lo estipulado en la ley para tener derecho a ello. El ex alcalde popular, que declinó realizar declaraciones, también debe hacer frente a los intereses.
La cantidad que finalmente estarán obligados a pagar es una incógnita, y no trascenderá hasta que el Tribunal de Cuentas obligue a ejecutar la sentencia. La razón está en que, mientras la causa estaba en marcha, el Ayuntamiento de Siero descontó las cantidades cobradas de más a los trabajadores que aún estaban en activo, con lo cual se podría llegar a la conclusión que todo o al menos parte del dinero que les corresponde pagar a los dirigentes locales ya ha sido restituido a las arcas municipales y, por tanto, ellos quedarían libres de esta responsabilidad. Aquí también se produce un agravio para José Aurelio Álvarez, ya que desde que dejó la Alcaldía no tuvo potestad para devolver el dinero pagado de más, mientras que los gobiernos de Corrales fueron abonando cantidades y, por tanto, restando su deuda.
Finalmente, quedan algunas cuestiones pendientes de resolver en este proceso, como la forma de afrontar la devolución del dinero que se pagó a funcionarios que posteriormente se jubilaron o que fallecieron, y que por lo tanto el municipio no llegó a tiempo para descontar de sus nóminas. En cualquier caso, al final tendrán que salir las cuentas, y será el tribunal el que decida quién y cómo completa la devolución.
Pola de Siero,
Manuel NOVAL MORO
El conflicto por los pagos de salarios y prestaciones por encima de lo permitido por la ley entre 1999 y 2001 enfrentó muy duramente a los trabajadores municipales con el equipo de gobierno en el pasado mandato, durante la etapa del socialista Juan José Corrales.
El origen de todo el problema fueron dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que declaraban nulos los acuerdos plenarios que aprobaron los incrementos salariales. Dichas sentencias se convirtieron en firmes en 2005.
Sin embargo, el equipo de gobierno de entonces no ejecutó la devolución del dinero pagado en exceso, lo que provocó la intervención del Tribunal de Cuentas contra los dos regidores que habían firmado los acuerdos, primero el popular José Aurelio Álvarez, y más tarde el socialista Juan José Corrales.
Los descuentos se comenzaron a aplicar en abril de 2008, lo que tuvo consecuencias importantes. En primer lugar, obligó al municipio a pagar intereses de demora, que repercutieron en los propios trabajadores. Por otra parte, sirvió para que unos pocos trabajadores laborales ganaran un pleito y fueran eximidos de la devolución porque cuando se les aplicó el descuento la obligación ya había prescrito.
Los trabajadores salieron a la calle a manifestarse y declararon durante meses una huelga de celo, que finalmente se desconvocó. El verano pasado los descuentos dejaron de aplicarse y el conflicto se calmó. Ahora son los ex alcaldes los que tienen que hacer frente a sus consecuencias. Ambos fueron absueltos en primera instancia por el consejero de Cuentas, y posteriormente condenados por la Sala de Justicias del Tribunal de Cuentas, hasta que llegó el fallo definitivo del Tribunal Supremo, que absolvió en parte a Corrales.
