Perlora,

Braulio FERNÁNDEZ

Una vez que los partidos de la oposición han renunciado a la paralización en el Pleno del Plan General de Ordenación (PGO) aprobado ya por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), por las repercusiones económicas que acarrearía la suspensión de licencias ya concedidas al amparo del documento, los vecinos de Perlora han decidido acudir a los tribunales para frenar el planeamiento. La asociación vecinal de la parroquia perlorina prepara una reclamación por la vía contencioso-administrativa para parar el plan. A su juicio, la CUOTA y el propio Ayuntamiento han incorporado elementos que cambian el plan de forma tan sustancial que necesita pasar de nuevo el trámite de información pública.

«Habrá una reclamación a los tribunales por parte de la asociación, pero también la habrá a título individual, por parte de particulares, en similar forma», reconoce el presidente del colectivo vecinal perlorín, José Félix Caballero. La reclamación «la están actualmente elaborando los abogados», afirma el representante vecinal, sustentada en el hecho de que «el plan urbano que ahora se nos presenta contiene cambios importantes que no estaban en el documento que salió a exposición pública anteriormente».

De hecho, la propia CUOTA ordenó la exposición pública de dos terrenos, en Perlora y Aboño, por los cambios que había introducido en su consideración. Para Caballero, esta medida «no es suficiente, porque es puntual; existen cambios más profundos contra los que los vecinos no pueden alegar».

La disputa se dirimirá en los tribunales, por lo tanto, y eso también puede tener consecuencias patrimoniales para quienes han impulsado la aprobación definitiva del PGO tal como es ahora, advierten, no obstante desde Carreño Unido, promotor de la suspensión cautelar abortada a finales de febrero. «No queremos parar el plan, sino hacerlo bien», afirma un portavoz de la formación política vecinal, Ildefonso Segundo, porque «les estamos avisando de que lo están haciendo mal, pero no hacen caso, y eso también puede conllevar responsabilidades en el futuro, después del paso del plan por los tribunales».

En el caso de que las reclamaciones judiciales paralicen el planeamiento urbano, «también podrían exigirse responsabilidades patrimoniales a quienes lo han impulsado de forma equivocada», señala Segundo. Las diferencias entre Ayuntamiento y vecinos se asientan en las recalificaciones que establece el PGO. «Hay casos que conocemos en los que un vecino antes podía construir en su parcela, pero tras el paso del plan por CUOTA ve cómo su propiedad pasa a manos de una empresa, en el área de Aboño, y a eso no puede alegar. Eso no es justo», ejemplifica el portavoz de Carreño Unido.

Por otra parte, la secretaría municipal finalizó ayer su informe sobre la posibilidad de que el PGO pueda ser paralizado, concluyendo que «se trata de una actuación contraria a derecho por carecer de motivación jurídica o técnica adecuada», y señalando a la realización de un nuevo planeamiento como la única opción posible de anular el que está actualmente aprobado.