Posada de Llanera,

Gonzalo BENGOA

La concejala de Empleo de Llanera, Rosa Huerta, denuncia «una campaña de acoso y derribo al equipo de gobierno» por parte de UGT después de que los juzgados rechazasen una denuncia del sindicato por lo que consideraba una merma de sus libertades sindicales.

La edil critica «las continuas actitudes irresponsables» de los representantes del sindicato en el Ayuntamiento. «Lejos de defender los intereses de sus compañeros, se han embarcado en esta campaña», afirmó la concejala del PP, que asegura que los delegados de UGT «nunca han querido llegar a un entendimiento» con el Ayuntamiento «por el simple hecho de que gobierna el PP».

La representación de los trabajadores en el Ayuntamiento la tiene un comité de empresa compuesto por 5 miembros: 4 de la CSIF y 1 de UGT, sindicato que, según destaca Huerta, «ha perdido todos los pleitos presentados contra el Ayuntamiento». «Lo que han perdido en las urnas quieren ganarlo ahora en los juzgados y ahí tampoco la justicia les ha dado la razón», espeta la edil popular, que añade que «es bochornoso que el delegado de la sección sindical de UGT, que no forma parte del comité de empresa, sea quien encabece todas estas actuaciones».

Rosa Huerta le acusa de que en 2010 «sólo acudió 8 días a su puesto de trabajo, en 2011 ningún día y en lo que va de 2012 no llega a 6 días», por lo que afirma «dudar mucho que conozca cuál es la realidad de este Ayuntamiento y mucho menos que esté cualificado para defender a ningún compañero».

También se muestra extrañada la edil de que «alguien que en los últimos tres años apenas ha acudido a su puesto de trabajo se atreva a denunciar acoso laboral o falta de negociación». «Difícilmente se puede acosar a un trabajador que no acude al trabajo», critica Huerta, que especifica que la única denuncia por acoso laboral fue presentada por un miembro de UGT y «la ganó este Ayuntamiento».

La concejala de Empleo de Llanera afirma que un sindicato «debe defender los intereses de los trabajadores, y no dirigir sus recursos a elaborar denuncias contra un Ayuntamiento sin fundamentos creíbles. Esta situación supone un gasto para las arcas municipales y un extra de trabajo innecesario».