Un debate jurídico interminable

La sentencia divide a los expertos l Gerardo de la Iglesia cree que los expedientados han perdido sus derechos por tránsfugas

02.03.2012 | 04:23

Pola de Siero, F. TORRE


La moción de censura contra el alcalde de Siero ha generado un encendido debate jurídico que no parece tener fin. Si en el momento en que se presentó la moción ya había posiciones contrapuestas entre los más eminentes juristas, la sentencia de la magistrada Belén Alicia López, que obliga a retomar el Pleno y votar la moción, ha levantado una nueva polémica.


Nada más conocerse la sentencia, el secretario municipal de Langreo, Miguel Ángel Diego, señaló a LA NUEVA ESPAÑA su apoyo a la decisión de la magistrada López, ya que él entiende, como dejó de manifiesto en las páginas de este mismo periódico con anterioridad al Pleno del 31 de octubre, que la expulsión de los cuatro ediles del PP que apoyaron la moción contraviniendo las órdenes del partido no es firme hasta no completar la vía interna.


También el catedrático de Derecho Constitucional Francisco Bastida y el catedrático de Derecho Administrativo Javier Junceda apoyan la sentencia y argumentan que los ediles debieron ser considerados miembros de pleno derecho del Grupo Popular a la hora de votar la moción. Pero frente a esta postura, también hay quien considera que la juez debió plantear una cuestión de inconstitucionalidad.


Ésta es la postura del catedrático de Derecho Constitucional Ramón Punset y, también, del abogado Gerardo de la Iglesia, cuyo bufete llevó en su día la defensa de Julio Carretero. Para De la Iglesia, este caso y el del ex concejal del PSOE no son equiparables, porque entonces no hubo transfuguismo y entre medias se produjo la reforma de la Ley Electoral (LOREG) destinada a acabar con esas prácticas.


«El transfuguismo de facto ya se ha producido, por lo que, según el espíritu de la LOREG, los ediles pierden sus derechos jurídicos», argumenta De la Iglesia, que entiende que el PSOE debería haber pedido al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) la suspensión cautelar de la sentencia en tanto en cuanto se resuelva la apelación.


En todo caso, De la Iglesia alerta de las dramáticas consecuencias que la sentencia podría tener para el cuarto concejo, toda vez que si prospera la apelación, que se resolverá en un plazo entre 4 y 6 meses, el TSJA podría dictaminar que la situación municipal se tiene que retrotraer a antes del Pleno de hoy. En ese caso, Martínez retornaría a la Alcaldía, en detrimento de Llosa.

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