Candás,

Braulio FERNÁNDEZ

El Partido Popular denunció ayer irregularidades en la política de contratación del gobierno carreñense del PSOE en el área de festejos. Según el portavoz de la formación, José Ramón Fernández, en los últimos cinco años se ha hecho por parte del gobierno una «incorrecta y abusiva utilización del contrato menor para adjudicar más de 600.000 euros a sólo dos empresas». La polémica afecta a los alquileres de carpas y escenarios que el Ayuntamiento contrató en los últimos cinco años con la empresa Escenastur y a la contratación de orquestas para las fiestas, todas con Sarcastic Producciones artísticas.

En el caso de estas últimas, en las llevadas a cabo entre los años 2007 y 2011, para evitar que la contratación de la empresa encargada de las orquestas de los festejos saliera a licitación pública el gobierno socialista «gastó 517.956 euros, que fraccionó en numerosos contratos menores, siempre a la misma empresa adjudicataria». Así, el Ayuntamiento concedió a Sarcastic Producciones Artísticas un total de 35 contratos directos, por importes totales que rondan los 100.000 euros anuales, de los cuales una docena se expidieron el año pasado, por un monto global de 107.970 euros.

«Se trata de servicios previsibles y confluyen las circunstancias necesarias para que cada año se tramite un solo expediente de contratación para cada uno de los servicios, de forma que fuera posible la comparación de ofertas, evitando acudir a la contratación directa», señaló Fernández.

Con respecto al contrato de las orquestas, en caso de superar los 60.000 euros la convocatoria «debe publicarse en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de acuerdo con la ley de contratos del sector público», añadió Fernández.

En el caso de las carpas y los escenarios, el gobierno expidió 67 facturas en cinco años, once de ellas en 2011, por un valor total de 141.653 euros, y los 67 a Escenastur, todo ello a través de contratos menores.

«Una de las prácticas fraudulentas en el ámbito de la contratación administrativa es el fraccionamiento, que consiste en acudir a la figura del contrato menor, en lugar de utilizar procedimientos de concurrencia competitiva», señaló Fernández, quien alertó de que «esta práctica está prohibida por la ley de contratos del sector público. En Carreño se acude continuamente al contrato menor, de menos de 18.000 euros, para estos servicios», concluyó el edil del PP.