Alto de Aboño (Carreño),

Mariola MENÉNDEZ

Los vecinos del Alto de Aboño, en Carreño, acaban de confirmar sus sospechas de que la empresa Tudela Veguín modificó la carretera del monte carreñense «sin licencia ni proyecto», ya que únicamente tenía permiso para realizar voladuras que le permitieran ampliar sus instalaciones, pero no para modificar el vial.

La empresa no fue sancionada por estos hechos. Así lo aseguran fuentes de la asociación vecinal «San Lorenzo», del Alto de Aboño, que tuvieron que acudir a la vía judicial para obtener la documentación, ya que acusan al Ayuntamiento de no facilitarles información alguna.

Este colectivo está decidido a plantear un pleito si el Consistorio de Carreño no actúa «en defensa de lo público», sostienen.

Los afectados llevan años quejándose de las condiciones en las que dejaron el mencionado vial del Alto de Aboño Tudela Veguín y la Autoridad Portuaria de Gijón. Las dificultades para acceder a sus propiedades, por las que llevan tanto tiempo protestando, no se han resuelto. Critican el estado del pavimento, las curvas y la pendiente del nuevo camino, con un desnivel medio de más de un 20 por ciento y un máximo del 27, cuando el tope debía de estar en el 17 por ciento.

La carretera fue construida por Tudela Veguín, que encargó los trabajos a Dragados, para extender su zona de ampliación más allá del anterior vial y rodear el Alto hasta llegar al barrio por su ladera norte. La empresa siempre defendió la legalidad de la carretera, que ahora queda cuestionada según la información que maneja la asociación de vecinos. La cementera argumentó en su momento a LA NUEVA ESPAÑA que el vial había sido acometido conforme a la licencia concedida por el Ayuntamiento de Carreño. Es más, la representante de la empresa, Alicia Castro Masaveu, aseguró que la vía se había ensanchado en relación a la anterior para mejorar el tránsito. El malestar de los vecinos del Alto de Aboño también tiene que ver con las curvas, ya que denuncian que el giro en una de ellas impide el paso de camiones.

La asociación de vecinos «San Lorenzo» carga contra el Consistorio de Carreño porque considera que en este caso no actuó debidamente en defensa de los intereses de los vecinos.