Candás,

Braulio FERNÁNDEZ

El Ayuntamiento de Carreño abrió hasta once expedientes urbanísticos entre 1998 y 2011 a la propiedad de la finca de Logrezana donde se vertieron de forma ilegal más de 50.000 metros cúbicos de basuras y escombros. Sin embargo, ninguno de esos expedientes abiertos culminó en una sanción, todos se dejaron pasar y la actividad pudo seguir su curso. Los hechos están siendo analizados por la fiscalía, que trata de descubrir si se produjo un delito medioambiental por la acumulación de escombros en un espacio protegido, y por una comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento, que ha detectado «graves anomalías» en el funcionamiento interno del Consistorio, dentro del ámbito urbanístico.

La comisión lleva los trabajos en secreto, y en ella están representados todos los grupos políticos, además del alcalde, Ángel Riego, y el secretario municipal, como máxima autoridad de la Administración fuera de la esfera política. Precisamente por el secreto de la investigación los grupos políticos optaron ayer por ser cautos en sus declaraciones, aunque sí mostraron su empeño por que se aclaren los hechos y se depuren responsabilidades.

«Naturalmente exigiremos que se llegue al fondo de la cuestión, porque es el único modo de garantizar el buen funcionamiento de la administración local», señala el portavoz del PP, José Ramón Fernández.

La comisión de investigación inició a finales del pasado año sus pesquisas sobre unas irregularidades que comenzaron a producirse en 1998, un retraso que diversos partidos políticos achacan a las diferentes mayorías absolutas con las que contó el equipo de gobierno durante buena parte de esos años.

«El PSOE fue el que impidió hasta este momento que se abriera la comisión de investigación», subraya José Ramón Fernández. Por su parte, Ramón Artime, de la Unión Independiente de Carreño (UICA), reconoció ayer haber instado a las comisiones de medio ambiente municipales durante varios años a conformar dicha comisión de investigación. Sus iniciativas fueron tumbadas por la mayoría del PSOE.

Una situación que varió en las pasadas elecciones municipales y que ha llevado al Partido Socialista a «hacer cosas que no quiere», según Fernández. «Hasta ahora, el PSOE prefirió ocultar el tema», asegura el edil del PP. El PSOE ha sido la cabeza visible del gobierno de Carreño desde 1999, siempre con pactos de gobierno que le permitiesen obtener una mayoría. Sus socios de gobierno fueron Izquierda Unida y URAS. En las pasadas elecciones, esa mayoría se quebró a causa del multipartidismo. En todo ese período el alcalde ha sido el actual, Ángel Riego. El regidor no contestó ayer a la llamada de este periódico.

Por el momento, y en lo que corresponde al trabajo iniciado por la fiscalía de medio ambiente, ya se ha llamado a declarar a varios agentes de Policía para que ayuden a determinar por qué sus denuncias no terminaron en multa, y varias empresas pudieron sacar provecho de ello durante más de una década.

En la finca de El Monte, en Logrezana, se vertieron durante 12 años más de 50.000 metros cúbicos de basuras y escombros, actualmente sepultados. Se calcula que la restauración ambiental de la zona podría rondar el millón de euros. La empresa o empresas que realizaron los vertidos se vieron beneficiadas de no depositar sus desechos en los vertederos legalmente establecidos, ya que se ahorraron los costes que ello conlleva. Además, pueden ser perseguidas por degradar una zona protegida.