Noreña,

Franco TORRE

El Ayuntamiento de Noreña dio ayer carta de naturaleza al convenio de encomienda de gestión con el Principado que garantiza la supervivencia del centro de apoyo a la integración que la Asociación Pro Ayuda a Deficientes Psíquicos de Asturias (Adepas) gestiona en la Villa Condal desde 1965. Una continuidad que estaba en entredicho después de que la asociación fuese excluida del acuerdo marco del Principado para la gestión de plazas en centros para personas con discapacidad y que ahora está algo más clara después de que el Pleno municipal aprobase, con la única abstención del concejal de Frente de la Izquierda (FDLI), tanto el contrato con Adepas como la encomienda de gestión con el Principado.

No obstante, el debate en torno a este doble acuerdo mantuvo el tono crispado que ha acompañado a todo el proceso jurídico y político encaminado a salvar el centro gestionado por Adepas y, por extensión, a la propia asociación. En este caso, las disensiones entre el equipo de gobierno y la oposición se centraron en el convenio para la encomienda de gestión con el Principado, que un informe del interventor municipal califica de «subterfugio».

A ojos del alcalde de Noreña, el socialista César Movilla, esa estimación del interventor no supone una merma de la legitimidad del texto, ya que el regidor interpreta que «un subterfugio es una vía de salida, una escapatoria».

Una definición que el portavoz de FDLI, Borja Ortea, tumbó acudiendo al diccionario, donde se define como «excusa artificiosa», y al propio sentido común: «Cuando el interventor puso eso en su informe, creo que todos entendemos lo que quiere decir, y por menos que esto hay gente imputada por prevaricación», afirmó Ortea, quien, precisamente por esos reparos de la Intervención municipal, se abstuvo de apoyar el convenio.

El portavoz de Foro Asturias, Inaciu Iglesias, fue aún más explícito: «Vamos a votar a favor, pero sabemos perfectamente lo que estamos votando. Y yo no le recomendaría a otro que hiciese lo mismo», argumentó Iglesias, quien no tuvo reparos en reconocer su miedo ante las dudas que plantea la legalidad de la propuesta orquestada por el alcalde y la Consejería de Bienestar Social.

En una línea similar a la de Iglesias, la portavoz del PP, Marian Velasco, también reconoció ser consciente de las dudas que plantea esta solución, pero explicó su apoyo a la propuesta por una cuestión de «justicia social». Pese a todo, Velasco no escatimó críticas a la gestión política realizada por Movilla y por la propia consejera de Bienestar Social, Esther Díaz.

«Ha sido una auténtica travesía en el desierto. La Consejería ha llevado el tempo con absoluta mano dura, aplicando una postura de fuerza y siempre poniendo contra las cuerdas a Adepas», afirmó Velasco, quien anticipó que la gestión de este asunto «les va a pasar factura política» tanto Movilla como a Díaz.

Pese a la tensión del debate y a los reproches cruzados, el doble acuerdo con Adepas y la Consejería salió finalmente aprobado, entre los aplausos del público, y ahora el proceso queda encarrilado para su resolución definitiva, que pasa por la licitación pública del servicio. Para este concurso, José Luis Crespo, portavoz del consejo de Adepas, confió en que se tengan en cuenta los años de servicio de la asociación en el centro de Noreña, lo que le daría una ventaja crucial.