El número de familias que pierden su vivienda está aumentando de forma exponencial en los últimos años y las previsiones para los años inmediatos son aún peores. Los afectados llevan el drama con dignidad y resignación. Lo que más les duele es que los poderes públicos se han desinteresado de su situación crítica y han perdido toda confianza en los partidos políticos.

Cuando se inició el problema, el PSOE no fue capaz de tomar ninguna medida. Vamos a pensar que en aquel momento el problema no tenía la magnitud actual. Pero es que ahora el PSOE tampoco tiene nada interesante que aportar.

El PP trató en un primer momento de aliviar los casos más graves y creyó -o intentó hacer creer- que el problema estaba solucionado y, por si fuera poco, utilizó toda su maquinaria propagandística para vender las bondades de aquel remiendo legislativo.

Como el problema persistía y crecía, el Gobierno de España miraba para otro lado y, para colmo, alguno de sus voceros, auténticos trileros y caraduras (léase Esteban González Pons o la señora Cospedal) cometieron tales excesos verbales que constituían una auténtica provocación, pues la cosa derivó en que algunos afectados fueron organizándose y pasaron a la acción.

Estas protestas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la reacción desmesurada de los dos grandes partidos políticos, criminalizando a los manifestantes, está tensionando en exceso la sociedad española, ya de por sí sumida en un pesimismo insoportable por una crisis tan intensa y larga en el tiempo. Conviene resaltar que los llamados «escraches» no constituyen ningún delito, no está tipificado en el Código Penal la figura del acoso. Sólo existen tres tipos de acoso: el sexual, el laboral y el familiar. Como tampoco se ha producido la entrada a ningún domicilio particular, sino que los manifestantes se limitan a increpar y gritar consignas en la calle, no se alcanza a entender el intento de criminalizar a los participantes en esos actos. El propio Felipe González, una mente privilegiada, ha llegado a decir que un niño no tiene por qué ver una cosa así. Claro, Sr. González, pero tampoco tiene que ver y sufrir quedarse en la calle de un día para otro y nunca le he visto levantar su acreditada voz para, al menos, denunciarlo.

La Junta de Andalucía ha prendido la mecha estos días con la llamada expropiación de las viviendas desocupadas. La derecha política y mediática ha sacado la artillería pesada y empieza a atemorizar a todo el mundo, comparando esta medida con el chavismo venezolano, afirmando sin más que esto es comunismo. Me parece que ninguno se ha leído el decreto de la Junta. De ninguna manera se puede hablar de expropiación en este decreto: en ningún momento se habla de pérdida de la propiedad. Ahora bien, si las viviendas de las que trata la Junta de Andalucía son de los promotores, pero están hipotecadas por las entidades bancarias y la mayoría de éstas son del Estado, es decir, de todos los españoles, ¿dónde está la irregularidad cuando los políticos que nos representan han decidido poner esas viviendas en el mercado inmobiliario, con el objetivo de ayudar a las personas que se quedan en la calle?

Planteadas así las cosas estamos a años luz de solucionar el problema original y se está creando un problema mayor: ahondar aún más en la división de la sociedad española hasta llegar a hacer de este país un lugar en el que no se pueda vivir en paz.

El problema está planteado tan mal que va a terminar de la peor manera posible: los bancos haciéndose con la propiedad de cada vez más viviendas, que no saben qué hacer con ellas y que permanecerán vacías. Mientras tanto, sin un euro en sus cajas para poder prestar dinero, que es para lo que están y su razón de existir. Cada vez más familias en la calle y más viviendas vacías. Y el Gobierno de España contemplando esta situación como quien oye llover y cuando se decide a actuar todavía empeora más la situación.

La tan traída dación en pago es necesaria, pero es sólo el punto de partida. Por sí sola agravaría el problema. Muchos ciudadanos continúan pagando su hipoteca porque temen que cuando dejen de hacerlo no sólo perderán su vivienda sino que, además, quedarán endeudados. Basta con que desaparezca ese temor para que muchos de ellos dejen de pagar la hipoteca y la bola de nieve aumente: más viviendas para los bancos y más gente sin vivienda.

No estoy capacitado para la solución a todo este complicado tinglado, pero estoy convencido de que el planteamiento correcto es el siguiente. Hay tres partes en juego y cada una debe tener muy claro su objetivo y estar dispuesta a poner algo de su parte, es decir, a negociar. Los bancos deben tener el objetivo de tener dinero en efectivo para poder reanudar su negocio y para ello lo mejor es que cuantos más ciudadanos paguen su hipoteca, mejor. Si tiene para ello que negociar, tiene un amplio abanico de medidas: una quita del capital, una moratoria (pero sin devengo de intereses), eliminar cláusulas abusivas todavía vigentes como el suelo hipotecario, alargar la vida del préstamo, etcétera. Las familias propietarias deben marcarse como su único objetivo no abandonar la vivienda, continuando con el esfuerzo que están haciendo y negociando con el banco.

El Gobierno de España debe centrar sus recursos en que los objetivos de los bancos y las familias se cumplan. Por ejemplo, en lugar de facilitar viviendas de alquiler a quien resulta desahuciado, destinar esos recursos a ayudar a las familias a seguir pagando sus cuotas mensuales mediante una subvención directa y a fondo perdido, llegando en casos concretos a abonar la totalidad de la cuota mensual de la hipoteca. Por ejemplo, negociando con los bancos, ofreciéndoles contrapartidas razonables. Tiene armas el Gobierno para ello. Sólo un dato: los bancos están arruinando a muchas comunidades de propietarios, porque -como es conocido por todos- los bancos cuando tienen una vivienda vacía en un edificio colectivo no pagan la comunidad. También puede jugar con el impuesto a los depósitos bancarios, con las comisiones, con exenciones fiscales, etcétera.

En suma, la dación en pago no es la solución en sí misma; es totalmente necesaria y urgente (con todas las cautelas que se quieran, como la que afecte sólo a la primera vivienda) pero es sólo el punto de partida para entablar una negociación en la que las partes implicadas puedan negociar con un mínimo nivel de igualdad. El fin último justifica el esfuerzo de todos: que nadie pierda su casa por no pagar la hipoteca y que los bancos puedan al fin disponer de liquidez para que cumplan la función para la cual fueron creados.