Perlora,

Braulio FERNÁNDEZ

La Dirección General de Minas archivó las denuncias de los ecologistas sobre la cantera del Perecil, en Perlora, sin hacer las comprobaciones pertinentes, sino simplemente llamando a las empresa titular de la explotación, Tudela Veguín. Así lo denuncia la Coordinadora Ecologista, que asegura que «la inactividad del Servicio de Seguridad Minera no sólo supone una falta del deber de inspección, sino la omisión del ejercicio de sus potestades sancionadoras».

Los conservacionistas denunciaron varias irregularidades que percibían en la explotación, tales como «la ausencia de un cierre vegetal, la ausencia de una canalización de aguas o el no haber realizado la restauración de las zonas ya explotadas y agotadas», según explica el portavoz del colectivo, Fructuoso Pontigo. El Servicio de Seguridad Minera contestó «que se había procedido a la comprobación de los hechos denunciados constatando que no se apreciaron incumplimientos, por lo que se procedía al archivo de los expedientes».

Sin embargo, tras personarse en el Principado para revisar los expedientes, los miembros de la Coordinadora comprobaron que «se omitió toda actuación de verificación y comprobación de los hechos denunciados y la inspección no giró visita alguna a las canteras, conformándose con la versión de las mercantiles titulares de las explotaciones denunciadas, sin que se procediese a incoar expediente sancionador alguno», detalla Pontigo.

Mientras, en la cantera del Perecil, según el colectivo, sigue habiendo «nubes de polvo denunciadas además por los vecinos, se siguen produciendo voladuras al lado de las casas y sin aviso, el río sigue lleno de lodos y se ignoran las medidas para disminuir el impacto de su actividad».

Y es que, como subrayan los ecologistas, «las industrias extractivas de canteras suponen una de las más graves agresiones al medio ambiente». La cantera del Perecil, situada a pocos metros de la zona más poblada de Perlora, es en la actualidad más grande que todo el casco urbano de Candás. «Resulta evidente la complicidad que tiene la Dirección General de Minas con las empresas que incumplen de forma continua las condiciones ambientales que impone el Principado», protestan los ecologistas.