La Asociación Asturiana de Empresarios forestales y de la Madera (Asmadera) ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la tasa que graba la tala de árboles y el transporte de madera para uso comercial en Carreño. Este nuevo impuesto, aprobado a finales del año pasado, supone que los maderistas deben pagar un euro por cada metro cúbico de madera talado en el concejo. Un precio que cubre, según reza en la ordenanza, «el coste de mantenimiento de la infraestructura viaria afectada, coste que debe ser asumido por el agente causante».

Sin embargo, los maderistas protestan por la medida, ya que «se trata de una actividad ya regulada, y sobre la que el Ayuntamiento no tiene competencia», según explica Susana Peláez, secretaria general de Asmadera. La asociación había presentado alegaciones a la ordenanza, el pasado mes de diciembre, ya que consideran injusta la nueva tasa del euro por metro cúbico, pero sus quejas fueron desoídas. «No atendieron nuestras alegaciones sin motivo, sin que dieran ninguna explicación del rechazo», señala Peláez, lo que ha motivo la presentación del recurso contencioso administrativo, que también se sigue contra el Ayuntamiento de Corvera.

«A partir de ese rechazo no argumentado de las alegaciones a la nueva tasa se presentó el recurso en los tribunales, para ver si de esta forma se consigue que exista un criterio común para este tipo de ordenanzas», añade la portavoz de los maderistas, que ven cómo cada ayuntamiento fija una normativa distinta, sin ni siquiera «tener competencia para ello». En el caso de Carreño, además, «lo que se quiere cobrar es exagerado», dice en referencia al euro por metro cúbico de madera que desde este año se cobra a los empresarios del sector.

Desde el Ayuntamiento de Carreño, su portavoz, Amelia Fernández, señaló ayer al respecto del contencioso presentado por Asmadera que «las alegaciones de la asociación fueron tratadas en el pleno del pasado diciembre y se desestimaron teniendo en cuenta el informe emitido por la intervención municipal». El objetivo del Ayuntamiento, a la hora elegir cobrar por la tala, «a petición vecinal», según dijo, es regular la tala de árboles y su transporte en el concejo. «Hay que tener en cuenta que la actividad forestal de la zona es netamente comercial, no es para autoconsumo, y ha venido generando grandes desperfectos en los viales públicos del concejo», argumentó la portavoz del gobierno carreñense.