El Partido Popular denunció ayer que "el gobierno del PSOE está acosando a la familia desalojada por el argayo del paseo marítimo". La denuncia del PP se sustenta en las presiones que, según la propia familia, están recibiendo del gobierno para que costeen la limpieza de las piedras caídas detrás de su casa y que impiden el tráfico de vehículos en el paseo.
Uno de los capítulos más polémicos se produjo a raíz de la manifestación que las asociaciones vecinales convocaron en agosto para protestar por el cierre del paseo. Según ha desvelado la propia interesada, Alicia Prendes, "el secretario del Ayuntamiento llamó a nuestro abogado para transmitirle el disgusto del Alcalde por nuestra presencia en la manifestación".
Esta situación es "totalmente anormal", según señala el PP. "Es una pérdida de papeles, de mesura y de sentido común total y absoluta", manifiesta José Ramón Fernández. "El Alcalde intenta descargar toda la responsabilidad del cierre del paseo sobre la familia desalojada por el argayo, que son las víctimas de la situación", añade.
Lo cierto es que desde que el monte se viniese abajo, a mediados del pasado mes de marzo, y a pesar de ser titular el Ayuntamiento del monte y del paseo, nada se ha hecho para resolver el cierre prolongado del paseo, que afecta al interés general, ni el desalojo de la familia de la calle Astilleros, que afecta a lo particular.
Más aún, el alcalde, Ángel Riego, se limita a guardar silencio, apelando constantemente a una "estrategia judicial" y explicando que cualquier declaración suya podría contravenir los intereses municipales. Al PP, sin embargo, le parece que esa estrategia está conllevando un "acoso y desamparo" de unos vecinos de Carreño. "La obligación del Ayuntamiento como administración gestora de ese tramo de carretera es adoptar las medidas que garanticen su uso normal y adecuado", señala Fernández.
En las últimas semanas, y ante el riesgo de poder perder definitivamente la casa por nuevos argayos con la llegada del mal tiempo, la familia desalojada optó por costear la retirada de los restos del anterior argayo y se vio enfrentada a una serie de trabas administrativas por parte del Ayuntamiento para que no lo puedan realizar.
