Ciento dos euros en un año. Eso es todo lo que el Ayuntamiento de Carreño va a ganar con la subida de un cuatro por ciento aplicada al transporte escolar que plantea el gobierno socialista para la votación del Pleno del próximo martes, donde se decidirán tasas, impuestos y precios públicos. "El transporte escolar municipal de pago sólo se utiliza para las escuelas rurales de Logrezana y Guimarán-El Valle, y lo usan 17 chicos", cuenta José Luis Menéndez, usuario del servicio. "Ahora pagamos 12 euros, con lo que a partir de enero pasaríamos a pagar cerca de 50 céntimos más al mes, que no supone nada", añade.
Las voces críticas, sin embargo, hacen notar que "no deja de ser curioso que se incremente el impuesto sobre un servicio tan poco utilizado pero que es de la zona rural, cuando siempre se habla de la apuesta por la escuela rural, pero luego el transporte que es gratuito es el que va a Candás", señalan.
La semana pasada, los empresarios del polígono de Tabaza II pedían al gobierno una rebaja de los impuestos, argumentando que su situación era crítica, y entre las medidas propuestas estaba la rebaja del mínimo de consumo de agua a 10 metros cúbicos. Dicho y hecho, el gobierno ha anunciado que su propuesta al Pleno será esa, para satisfacción de los empresarios, según ellos mismos han declarado. La letra pequeña, eso sí, dice otras cosas. Como que el agua y el alcantarillado suben un 3 por ciento y la recogida de basura, un 5 por ciento, aunque este aspecto los empresarios han preferido no valorarlo, al menos hasta el martes.
También se han debatido mucho a lo largo de la semana las tasas por la tala de árboles, por aparcamientos públicos y por servicios culturales, todas ellas congeladas, pero poco se sabe, más allá del "que va a subir", del recibo de la contribución, en el que se espera la principal sorpresa. "No podemos valorar algo que no conocemos, las asociaciones de vecinos desconocemos los planes del gobierno con respecto a los impuestos", reconocía ayer el presidente del colectivo vecinal candasín, Luis Fernández.
Curiosamente, el gobierno ha convocado un Consejo de participación ciudadana para el próximo miércoles día 20. "Es justo el día siguiente al del Pleno de la aprobación de los impuestos, y el tema está en el orden del día, pero de participativo va a tener poco, ya estará todo hecho", se queja Fernández.
"El mantenimiento de los servicios públicos", en palabras de la vicealcaldesa Amelia Fernández, es el motor de una política fiscal que por primera vez, tal y como fue anunciado anteayer, va a gravar los bienes de la Iglesia en el municipio, "salvo los destinados a culto y a fines solidarios". Una coletilla que no ha dejado indiferentes a los círculos religiosos candasinos, entre ellos los cofrades, que ayer precisaban que "eso ya es así desde el acuerdo de España con la Santa Sede de 1979, lo que habría que saber en tal caso es por qué no se han cobrado hasta ahora los impuestos por cada edificio de la Iglesia que no está dedicado a culto o a fines sociales". No existe tampoco constancia de que la Iglesia haya pedido en el pasado dejar de tributar. Lo que sí es cierto es que el martes el IBI le sube el 50 por ciento a los vecinos.
