El Alcalde de Carreño, el socialista Ángel Riego, y el edil de Festejos, José Manuel Muñiz, declararán en calidad de imputados el próximo 21 de julio ante el juez que investiga si existió prevaricación en la adjudicación a dedo de contratos de orquestas entre 2007 y 2011. El auto, firmado por el titular del Juzgado de instrucción número 3 de Gijón, Jesús Pino, también cita a declarar al Ministerio Fiscal, que fue la institución que presentó la denuncia, a petición del sindicato Manos Limpias. Según la Fiscalía, los socialistas habrían incurrido en cinco posibles delitos de prevaricación administrativa y uno de tráfico de influencias por unos contratos que exceden el medio millón de euros y que fueron fragmentados "sistemáticamente para evitar los controles legales".

Tanto el regidor carreñense como el concejal de Festejos ya prestaron declaración ante el juez el pasado mes de mayo. Entonces, ambos se defendieron asegurando no haber cometido ningún delito. "Estamos tranquilos, porque siempre ejercimos con responsabilidad nuestros cargos públicos", decía entonces Riego. Lo mismo que el edil José Manuel Muñiz, que explicaba además que en el Ayuntamiento "siempre se contrató por servicio. Esto es: fiestas del Cristo, un servicio; fiestas de la Sardina, otro, y así". "Son carteles distintos y fiestas independientes", precisaba.

Sin embargo, estas declaraciones no parecen haber sido suficientes para demostrar su inocencia. Ahora, el magistrado Jesús Pino les vuelve a citar, pero esta vez en calidad de imputados, tras aportar nueva documentación al proceso. Si son encontrados culpables, el alcalde y el concejal se podrían enfrentar a una pena de inhabilitación de seis a diez años.

El origen del problema radica en que, según el registro de facturas del Ayuntamiento de Carreño, entre 2007 y 2011 se realizaron más de un centenar de recibos por un valor superior a los 600.000 euros para contratar festejos por la vía de la adjudicación directa. Las dos empresas beneficiarias de esos contratos fueron Sarcastic Producciones Artísticas y Escenastur, que comparten servicios. La fiscalía, sin embargo, sólo denunció a la primera.

Según la ley, los contratos públicos de más de 18.000 euros deben contar con tres ofertas, para la elección de una, y los de más de 50.000 euros están obligados a ser licitados con publicidad en el "Boletín Oficial del Principado". Dado que los gastos de Festejos de esos años en Carreño superaban los 100.000 euros por cada ejercicio, el gobierno local optó por realizar facturas de menor importe para evitar la licitación pública, que, sin embargo, sí se realiza desde entonces y de forma conjunta.