El PSOE ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Carreño del mes de septiembre que ponía en marcha un proceso de revisión para la devolución del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) cobrado indebidamente a terrenos rústicos que tributaban como urbanos.

La medida aprobada con el único voto en contra del PSOE fue propuesta por Izquierda Unida, sirviéndose de una sentencia del Supremo, con origen en Extremadura, pero aplicable a toda España, que abre la puerta a que muchos dueños de terrenos urbanizables paguen menos IBI al ser considerados como rústicos. Este tratamiento es válido para terrenos urbanizables que no tengan aprobado un plan parcial de ordenación, como sucede en un número de casos sin determinar en Carreño. Según los expertos, la aplicación de este criterio podría suponer una importante merma de ingresos tributarios.

Las razones esgrimidas por la portavoz socialista, Cecilia Tascón, en el escrito dirigido al Pleno, se asientan en un informe técnico elaborado por el servicio de Intervención municipal, en cuya opinión la sentencia a la que se refiere la moción aprobada "no tiene efectos jurídicos directos" y "no anula los valores catastrales aprobados a fecha de la sentencia". Más aún, señala que "no fija ninguna doctrina legal y no sienta jurisprudencia", por lo que el PSOE, en el gobierno de Carreño, pero sin mayoría, ha solicitado al Pleno que "anule el acuerdo por no ser ajustado a derecho".

La moción aprobada señalaba, concretamente, que se debían "iniciar los expedientes necesarios para hacer extensivos, en su caso y con los informes técnicos oportunos, los criterios para el pago del IBI como rústico sobre los suelos reclasificados en el Plan de Urbanismo".

Se acordaba, además, que se devolvería "el IBI cobrado como urbano sobre estas fincas, si no tuvieran aprobado el ordenamiento urbanístico al que hace referencia dicha sentencia".

Seis de los ocho partidos de la Corporación secundaron dichas devoluciones: PP, Foro, UICA, CAUN, y PCPE, además de IU. En contra votó el PSOE, y se abstuvo Compromiso por Carreño, que es socio de gobierno de los socialistas.

Ahora, la petición de anulación deberá ser admitida por el Pleno, el próximo jueves 30, y si se incorpora al orden del día para su debate saldrá aprobada o rechazada en esa misma sesión.