UICA tampoco acepta la petición del PSOE de anular el acuerdo plenario para la devolución del IBI urbano que hasta ahora se estaba cobrando en fincas rústicas, y que podría ser devuelto en virtud de una sentencia del Supremo.
La portavoz de la formación, Joana Canals, señaló ayer que el gobierno socialista de Carreño incurre en una actitud contraproducente para los vecinos: "No tiene las mismas consecuencias una sentencia del Supremo para el contribuyente que para la administración, ya que una única sentencia afín a las tesis administrativas permite a la administración, desde los principios de autotutela y ejecutividad de sus actos, basarse en ella para desestimar las pretensiones del contribuyente, pero cuando beneficia al contribuyente, la administración puede alegar que, ante la falta de reiteración judicial, la misma no sienta jurisprudencia, y así retrasar durante años su aplicación", señaló, consciente del embrollo legal en que la negativa del gobierno a aceptar la aprobación del pleno podría causar a los vecinos.
"El PSOE no quiere beneficiar los intereses de los vecinos afectados; en lugar de estudiar los mecanismos necesarios para proceder a dar cumplimiento a la sentencia, decide ignorarla y recurrir en reposición", añadió Canals.
