La perrera de Tamón, que podría albergar hasta 160 animales y que aún se encuentra en proyecto, ha recibido al menos 124 quejas por parte de los vecinos, que rechazan su instalación. Se trata de un proyecto de la Fundación Protectora de Animales del Principado de Asturias que ha contado con el beneplácito del gobierno del PSOE, a pesar del rechazo de hasta cuatro formaciones políticas en Carreño, insuficiente para que se archivase la petición de licencia.
El plazo para presentar alegaciones al proyecto finalizó ayer, y además de los vecinos, a título individual, se han registrado quejas por parte de varios partidos políticos e incluso del Colegio de Veterinarios de Asturias.
Este último organismo ha presentado además varias denuncias contra la perrera por vía judicial, con el propósito de que no se inicie su actividad. Dicen los veterinarios que "una cosa es la loable actuación respecto de los animales que no tienen propietario y otra muy distinta es efectuar, bajo la benigna fiscalidad que la ley otorga a las entidades sin ánimo de lucro, una amplísima actividad mercantil veterinaria que se escapa del cuidado de los animales abandonados".
Y es que la polémica rodea el proyecto, principalmente por la oposición vecinal. Uno de los asuntos que más les preocupa, es lo relativo a la infraestructura que se plantea. "En cuanto al suministro de agua no puede entenderse cómo en el proyecto se afirma que por el tamaño de la instalación no existe ningún impacto sobre la red de infraestructuras básicas", dicen los vecinos en las alegaciones. "Si los vecinos de la zona tienen un caudal de agua bajo, que en ocasiones incluso es insuficiente para dar servicio a una vivienda, es imposible afirmar que el caudal vaya a ser suficiente para mantener en unas condiciones mínimas de higiene y salubridad unas instalaciones que van albergar 160 perros y 8 gatos, además de la vivienda, la clínica veterinaria y el resto de instalaciones".
También denuncian el incumplimiento de la normativa en lo referente a la distancia que deben guardar este tipo de instalaciones con respecto a las viviendas. "Pese a que en ningún momento el Estudio de Implantación hace mención a la existencia de viviendas en el entorno, debe quedar claro que existen varias en un radio de 400 metros y que la más cercana se encuentra a 60 metros", señalan.
Denuncian además una vulneración del derecho de información urbanística, la no justificación del interés público o social de la actividad, o la transgresión de los usos en que, dicen, incurre la actividad allí planteada, y que al no tener un destino agrario, no puede desarrollarse urbanísticamente. Por todo ello, consideran que debe anularse la aprobación del proyecto.
