El Fiscal de Medio Ambiente del Principado de Asturias ha solicitado al Juzgado de Instrucción número uno de Gijón el archivo de la causa penal abierta contra la central térmica de Hidroeléctrica del Cantábrico por el vertido que ocasionó en junio de 2012 en la ría de Aboño. El ministerio público considera que la rotura de la válvula del depósito de fuel fue accidental y que los empleados y cargos directivos de la empresa desconocían la fuga hasta que llegó al mar. Todo ello, según precisa el fiscal, impediría hablar de negligencia grave, que es el requisito necesario para que exista un delito penal.

En contra de esta petición se ha posicionado la Coordinadora Ecologista de Asturias, que a través de su representante Laura López Varona manifiesta que es necesario "actuar penalmente en este caso, prosiguiendo con la investigación de los hechos y acordando la declaración de testigos y peritos", que hasta la fecha no han prestado juramento. Para el colectivo conservacionista, esta novedad en el caso demuestra una vez más que "se está dando prioridad a los códigos políticos y a los intereses económicos antes que a la protección del medio natural".

El suceso tuvo lugar en la mañana del 26 de junio de 2012, a causa de la rotura de una tubería de fuel. La mancha tóxica, que se extendió a lo largo de varios kilómetros de la costa de Carreño, provocó el cierre al baño de las playas del concejo y dejó en ellas unas imágenes que recordaban las del desastre ecológico del "Prestige". El vertido se extendió en días consecutivos por toda la región, afectando finalmente a más de 118.000 metros cuadrados de zonas de baño, a 86.000 metros cuadrados de costas rocosas, escolleras y plataformas intermareales y a más de 13.000 metros cuadrados de arenal. La marea negra puso en riesgo la vida de aves catalogadas en peligro de extinción. El vertido llegó a amenazar a la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa y al emisario de la toma de agua del Acuario de Gijón.