El Ayuntamiento de Siero prevé reunirse con los responsables en materia de Patrimonio de la Consejería de Cultura, una vez se haya clarificado su organigrama, para tratar de encontrar una solución al deterioro que padece el palacio de la Torre de Celles. Así lo aseguró ayer la concejala de Urbanismo, la socialista Noelia Macías, quien precisó que su intención es solicitar una reunión nada más que se complete la estructura de la consejería.
En este sentido, Macías precisa que el ánimo del nuevo gobierno local es tratar de actuar, en la medida de sus capacidades legales, para propiciar la conservación del edificio, joya del Barroco asturiano. La edil, no obstante, es consciente de que el hecho de que el edificio esté catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) deja un escaso margen de maniobra al Ayuntamiento de Siero, ya que las competencias para garantizar la protección y salvaguarda de este tipo de inmuebles corresponde al gobierno autonómico.
En todo caso, Macías se muestra dispuesta a colaborar con la Consejería de Cultura para, en función de las posibilidades municipales, establecer un diálogo destinado a asegurar la pervivencia del edificio. La concejala de Urbanismo, de hecho, ya ha revisado toda la documentación incluida en el expediente sobre el edificio del Ayuntamiento de Siero, y ya ha mantenido conversaciones con los técnicos municipales sobre la situación del inmueble y las posibles actuaciones.
El interés de la concejala de Urbanismo sobre el edificio, en todo caso, supone un cambio considerable respecto a la actitud de anteriores gobiernos locales, que se mostraron más tibios a la hora de plantearse siquiera mediar con el gobierno autonómico para impulsar actuaciones encaminadas a garantizar la conservación del edificio.
En este sentido, la principal traba para intervenir en el inmueble reside en que se trata de un edificio de titularidad privada, Una circunstancia que ha provocado la sistemática inhibición del gobierno autonómico, pese a que la Ley 1/2001, de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, prevé mecanismos como la ejecución subsidiaria para garantizar la conservación de los BIC.
Así, en los últimos años la única iniciativa de la Dirección General de Patrimonio ha consistido en la imposición de una serie de multas coercitivas a la propietaria del palacio, que por su parte ha solicitado que se declare el edificio en ruina.
