Dos empresarios abonan 2,6 millones por fraude y asumen dos años de cárcel

Ambos reconocieron que, durante los ejercicios económicos 2005 a 2008, desarrollaron una doble contabilidad, la oficial y la extraoficial

06.10.2015 | 18:18

Los hermanos empresarios propietarios de una inmobiliaria en Siero que iban a ser juzgados por un delito de fraude a la hacienda pública han llegado hoy a un acuerdo con la Fiscalía antes de la vista al asumir penas de prisión de dos años para cada uno así como al pago de 2,6 millones por lo defraudado.

Los acusados han admitido que su compañía llevó una doble contabilidad durante los ejercicios 2005 a 2008 y realizaron el ingreso en la cuenta del juzgado antes del inicio de la vista, después de que la Fiscalía decidiese no oponerse a la suspensión de la ejecución de las penas de cárcel lo que llevó a que no se llegase a celebrar el juicio previsto en la sección Tercera de la Audiencia.

Los acusados son los únicos socios y administradores solidarios desde 2001 de la empresa, que tiene por objeto social la fabricación y comercialización de objetos y elementos de decoración.

Ambos reconocieron que, durante los ejercicios económicos 2005 a 2008, desarrollaron una doble contabilidad, la oficial y la extraoficial, no incluyendo en el balance ni en la cuenta de resultados depositados en el Registro Mercantil determinadas ventas y gastos como comisiones a representantes y sobresueldos a trabajadores.

Las ventas en "B", que la empresa no incluía en la contabilidad oficial, eran denominadas "H4" y las hacía constar en los albaranes que figuraban en los listados elaborados con un número precedido de la letra "Z" hasta llegar a una cuota defraudada de 1,2 millones.

Los acusados solicitaron la declaración de concurso de la empresa y, dentro de ella, se interesaba la formación de una pieza separada de extinción colectiva de la totalidad de contratos de trabajo, 49, en los que la empleadora era la mercantil.

Según reconocieron, los acusados omitieron en la Memoria Económica de la solicitud de concurso que el 30 de junio de 2007 habían aprobado en Junta General Ordinaria un reparto de dividendos por importe de 1,2 millones de los que 355.402,83 euros correspondían a los beneficios de 2006 y 921.894 a reservas voluntarias.

En el ejercicio en que aprobó el reparto de dividendos hubo una disminución de facturación del 11,58% y una caía del 44,5% en los beneficios y los acusados, como administradores, percibieron 156.000 euros en 2005; 160.800 en 2006 y 165.000 euros en 2007.

Una vez solicitada la declaración de concurso y solo dos días antes de que ésta se produjera, el 18 de diciembre de 2008, los acusados ordenaron, sin notificarlo ni a la administración concursal ni al Juzgado, la destrucción de 1.900 kilos de documentación de especial relevancia para conocer la situación de la empresa.

No obstante, no cumplieron íntegramente su objetivo porque los trabajadores de la empresa consiguieron recuperar parte de esa documentación referida a pagos a trabajadores ocultados en las declaraciones tributarias y a la Seguridad Social, comisiones y otros pagos a representantes no registradas en la contabilidad oficial o ventas a clientes y pagos a terceros que no se reflejaban en las correspondientes cuentas de gastos y caja.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo declaró el 18 de diciembre de 2008 el concurso voluntario y ordinario de la empresa.
Uno de los acusados admitió la comisión de cuatro delitos contra la Hacienda Pública en concurso medial con otros tantos delitos societarios de falsedad documental.

Por su parte, su hermano reconoció tres delitos contra la Hacienda Pública en concurso medial con otros tantos delitos societarios de falsedad documental y otro de insolvencia punible.

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