La Asociación de Familias de Acogida del Principado de Asturias (Afapa), creada recientemente en Lugones, denunció ayer públicamente la retirada por parte de la consejería de Servicios y Derechos Sociales de la ayuda de 250 euros mensuales que los voluntarios recibían en concepto de manutención hasta junio.
El colectivo, creado por tres familias de Siero, Llanera y Llanes y que cuenta con 15 socios, asegura que recibió el pasado mes de junio una comunicación firmada por el entonces director de Políticas Sociales, Enrique Rodríguez Nuño, en la que se les comunicaba la retirada de todo tipo de ayudas, que además de la manutención incluían la cobertura de gastos extraordinarios como desplazamientos para visitar a las familias biológicas o gastos de servicios sanitarios.
Posteriormente a esta comunicación, decidieron constituirse en asociación y solicitar una reunión con el propio Rodríguez Nuño, del cual aseguran que obtuvieron un compromiso verbal, que finalmente se vio frustrado por los cambios en el gobierno regional. "Nos dijo que esperásemos a la vuelta del verano y entonces él ya no estaba en el cargo", comenta el tesorero de la asociación, Luis Álvarez.
Del mismo modo, afirman haberse reunido con la directora general de Servicios Sociales de Proximidad, Lina Martínez, sin conseguir una respuesta a su demanda de al menos mantener las ayudas. "No nos dio ninguna esperanza respecto a nuestra petición", sostienen.
Ante esta falta de respuestas transmitieron su situación a varios partidos políticos con representación en la Junta General del Principado de Asturias con la pretensión de que en los próximos presupuestos regionales se recoja una partida que contemple un complemento a las aportaciones que hacen las alrededor de 15 familias de acogida voluntarias que existen en Asturias. "En otras regiones las ayudas mensuales van desde los 600 hasta los 1.000 euros y aquí nos quitan la raquítica cantidad que teníamos hasta ahora", declara el presidente de Afapa, José Enrique Sánchez.
Los miembros de la asociación lamentan que no haya la misma diligencia por parte de la administración regional para crear partidas para este tipo de familias como la que hay para la acogida de refugiados sirios. "Son situaciones similares, pero el rasero que se utiliza es distinto", coinciden en señalar los integrantes de la asociación.
Por otra parte, no entienden que el Principado realice por un lado campañas de captación de familias de acogida y por el otro les retire las ayudas, más si cabe porque la función de esta fórmula tiene como objetivo que los menores tutelados por la administración sean sacados de los centros para hacer vida familiar. "El gasto mensual por niño que está en un centro supera incluso los 2.500 euros", recuerda Luis Álvarez, que espera que esto no se deba a la existencia de algún interés privado para hacer negocio con la tutela de menores.
Asimismo, admiten que se les comunicó la existencia de una convocatoria de becas por valor de unos 180 euros al mes a las que ven difícil acceder. "Hay que adelantar el dinero y es posible que quedemos excluidos si superamos ciertos niveles de renta", comentan los representantes de las familias de acogida.
Unas reivindicaciones que descartan que se deban a aspectos económicos particulares, sino a la necesidad de dar respaldo a unas familias que renuncian a su tiempo para contribuir al desarrollo de unos niños que disfrutan por un máximo de dos años. "En su día nos interesamos por esto sin pedir nada a cambio, pero creemos que es necesario un mínimo apoyo para mantenerlo", señalan.
