El Ayuntamiento de Carreño está dispuesto a fraccionar la deuda que mantiene el grupo Fahime con el municipio por el consumo de agua. Es una de las propuestas que puso encima de la mesa la Alcaldesa, Amelia Fernández (PSOE), en un encuentro celebrado ayer con los trabajadores encerrados en la factoría del polígono industrial de Tabaza para paralizar el ERE que afecta a 92 trabajadores y que puede suponer el cierre de la compañía.
Fernández también mostró la disponibilidad del equipo de gobierno para incluir en el próximo presupuesto una ayuda de 100.000 euros. Se trata de una medida municipal para que las empresas puedan realizar contratos indefinidos. "Es muy trágico lo que está pasando, no sólo para el presente sino para el futuro; será complicado que la empresa comience de cero y eso va a privar a futuras generaciones", afirmó Fernández. Además, la regidora indicó que la mayoría de trabajadores tienen edades avanzadas, cuentan con una experiencia "importante y especializada", lo que complicará su acceso al mercado laboral.
Plan de viabilidad
Por su parte, los trabajadores agradecieron el apoyo del Consistorio y del grupo municipal de Somos y emplazaron al equipo de gobierno a apoyar un plan de viabilidad para la empresa. Consideran que Fahime "pretende echar a la plantilla a coste cero para luego vender lo que hay, pero de momento la empresa no está en disolución ni con un plan de acreedores, lo que nos hace pensar que sería posible una reestructuración para solucionar el problema que llevamos arrastrando años", aseguró Jero Fernández, delegado sindical de UGT-Federación del Metal.
