La concejala de Participación Ciudadana, Sanidad y Consumo, Isabel Fernández Álvarez, de Somos, ha anunciado que ha enviado un requerimiento a la empresa La Caracola Iniciativas Sociales en la que la insta a reintegrar "con carácter inmediato" las dos facturas por un coste total de 1.500 euros que se le abonaron por un campeonato de ping pong que no se ha celebrado todavía y por un diagnóstico participativo vinculado al plan de drogas, pagado también antes de su prestación. En ambos casos, el abono de las facturas contraviene la normativa municipal.

Dicho pago se hizo público a cuenta de una pregunta del portavoz del PP, Silverio Argüelles, en la última sesión plenaria de la Corporación, y la concejala ha querido desde el principio "dejar claro que en ningún momento el procedimiento se debió a ningún tipo de interés cuestionable por mi parte ni mucho menos por parte de la asociación a la que nos referimos".

El portavoz del PP llanerense acusaba, además, a la concejala de Somos de desviar recursos a colectivos de su mismo espectro ideológico, un extremo que la concejala negó rotundamente ya en la sesión plenaria y en el que ha vuelto a insistir.

Por otra parte, Isabel Fernández aclaró que había reconocido su error "en el mismo momento en que se me hizo la pregunta, públicamente en el pleno municipal", y consideró "una pena que se quiera perjudicar o culpar a terceras personas de un error fruto de una mala interpretación". La concejala confía en que este hecho "sirva de aprendizaje para el futuro".

Por su parte, el alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, que se mostraba ya en la sesión plenaria contrario a los pagos por adelantado, emitió ayer un comunicado público en el que insta a la concejala de Somos, partido socio de gobierno del PSOE junto con IU, a solicitar el reintegro de lo abonado porque entiende "que no es tolerable que se abonen facturas por servicios no prestados, ya que el rigor y la seriedad son las normas que rigen la actuación del equipo de gobierno que formamos PSOE, IU y Somos Llanera".

Gerardo Sanz subraya que el pago por servicios de terceros "únicamente se puede realizar una vez que estos han sido efectivamente prestados a entera satisfacción".

No obstante, el regidor reconoce también que no ha habido mala intención en el comportamiento de la concejala de Somos. Sostiene, por el contrario, que la edil de Participación había incurrido "en un error de precipitación no malintencionado, pero que exige su reparación a la mayor brevedad posible".