La Consejería de Infraestructuras afirma que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carreño sigue en vigor, pese a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). El Gobierno autonómico insiste en que el auto anula el acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) por el que se aprobó el documento el 10 de octubre de 2013, pero no el planteamiento urbanístico.
"El PGOU existe. El tribunal sólo tumba el texto refundido, que deberá volver a tramitar el Ayuntamiento pasándolo por el Pleno", explicaron ayer fuentes del Principado, tras la publicación en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA) de una resolución de la Consejería que pide al concejo ejecutar "en sus mismos términos el fallo de la sentencia", que estima el recurso interpuesto por la asociación de vecinos "Río Espasa" de Perlora.
Sin embargo, las interpretaciones que las partes hacen sobre ese fallo son muy distintas. Mientras que el gobierno municipal asegura -al igual que Fomento- que el auto del Tribunal Superior sólo obliga a tramitar correctamente la norma, los vecinos de Perlora van más allá y piden la revisión del PGOU. "Para nosotros el fallo está claro: hay que modificar el planteamiento e incluir nuestras peticiones. No se trata de poner sólo una firma, como defiende el gobierno local, sino que la tramitación es más compleja", sostiene el presidente del colectivo perlorín, Pepe Caballero. En concreto, la sentencia resolvió que la aprobación del Plan Urbanístico es nula por haber ignorado el procedimiento administrativo establecido para estos casos y haber infringido la normativa urbanística reguladora del procedimiento de aprobación. Dicho con otras palabras, el plan no fue debatido previamente en el Pleno municipal.
La asociación de vecinos de la parroquia de Perlora consideraba que se producían agravios comparativos entre grandes empresas y pequeños propietarios a la hora de construir e interpuso una demanda ante el alto tribunal asturiano, que finalmente ha dado sus frutos. Pepe Caballero cree que la sentencia debería abrir la puerta de un planteamiento definitivo que incluyan las zonas pendientes de Perlora y Carrió. "No tiene sentido que ahora volvamos a tramitar la norma y dejemos fuera una parte del concejo", indica.
La posible suspensión del planteamiento pondría en peligro todas las licencias que el Ayuntamiento concedió en estos dos últimos años al amparo del acuerdo de la CUOTA. Sobre todo, afectaría a núcleos rurales del municipio, donde el gobierno socialista firmó cuantiosas autorizaciones que dieron luz verde a la construcción de viviendas. "Nosotros no queremos perjudicar a nadie, sólo queremos que se tengan en cuenta nuestras reclamaciones", aclara el presidente de la asociación de vecinos de Perlora.
Pepe Caballero confía en "desbloquear este lío" por las buenas. Para ello, está en constante diálogo con la alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández. La regidora adelantó ayer que los servicios jurídicos municipales están estudiando la sentencia. "Se han hecho las perceptivas consultas a la CUOTA y en función de lo que ésta determina, se procederá", manifestó Fernández.
De cualquier forma, la polémica está servida en Carreño, al igual que sucedió antes en Llanes. Un grupo de expertos del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias ha asegurado que el "exceso y las deficiencias" de la legislación vigente colocan los planes urbanísticos en "posición de vulnerabilidad" y hacen que sea "relativamente fácil" tumbarlos judicialmente, "dada la complejidad y desproporción de buena parte de los requisitos documentales exigidos". A su juicio, "el reglamento vigente hace imposible redactar un plan perfecto".
