Los trabajadores del Matadero Central de Asturias, que mantienen la asamblea permanente desde el cese de actividad de la empresa hace año y medio, registraron ayer en el Juzgado de lo mercantil número 2 de Oviedo un escrito dirigido al magistrado titular, Miguel Álvarez-Linera, para que dé por finalizado el auto de venta del macelo a Mafrimargo 5, S. L. y convoque una nueva subasta. Una petición que se apoya en el hecho de que el administrador de Mafrimargo5, José Enrique Díaz Prado, no ha depositado el aval del 10% de su oferta de compra (cifrada en 1,75 millones de euros).

Esta circunstancia se explica por los problemas de comunicación que han derivado en que el empresario no haya recibido, hasta la fecha (y pese a haber transcurrido más de un mes desde que se aceptó su oferta), la notificación del Juzgado para que haga efectivo el pago.

Los trabajadores, de hecho, van más allá en su escrito y señalan que el secretario judicial emitió días atrás una citación para que el empresario se presentase este jueves en el Juzgado, algo que no ocurrió. El representante legal de Díaz Prado afirmó a este periódico, en conversación telefónica mantenida este jueves, no tener constancia de tal citación. Los trabajadores, no obstante, consideran que esa supuesta incomparecencia es motivo suficiente para dar por finalizado el auto de venta, y por ello instan al juez a iniciar una nueva subasta. Una petición que la abogada de la plantilla registró en la mañana de ayer por vía telemática.

La esperanza de los trabajadores, que nunca han mostrado simpatía por la opción de que Mafrimargo 5 pueda hacerse con la unidad productiva del macelo noreñense, es que la reapertura de la subasta propicie la entrada de otros posibles inversores, toda vez que tienen constancia de que otros empresarios se han dirigido al Juzgado en las últimas semanas para interesarse por el estado del proceso.

El cese de actividad del Matadero Central de Asturias se consumó en julio de 2014, cuando Junquera Bobes, S.A. solicitó el concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos). Meses después, y al no llegar a un acuerdo con la plantilla, la empresa solicitó la liquidación.

Se inició entonces un complejo proceso de liquidación con una controvertida subasta, en la que participaron tres empresas: Serincar 92, Macelo de Mieres y Mafrimargo 5. Finalmente, hace un mes el Juzgado aceptó la oferta de esta última empresa.