Los despedidos de Fahime ponen fin a su encierro tras 152 días de protestas

Una denuncia obliga a abandonar las instalaciones de Logrezana a los 92 trabajadores de la empresa, que avisan: "No tiraremos la toalla"

03.04.2016 | 05:46
Los trabajadores de Fahime, con pitos y pancartas a las puertas de la Consejería de Empleo e Industria.

Después de 152 días de lucha y protestas, los despedidos de Fahime han puesto fin a su encierro en las instalaciones de Logrezana. El detonante ha sido una denuncia interpuesta contra los 92 trabajadores en la que se les insta a abandonar la sede de la empresa, dedicada a la fabricación de bienes de equipo para el sector hidráulico y mecánico. Ayer, la pancarta "No a los despidos" ya no colgaba de su muro exterior y el recinto estaba cerrado a cal y canto. "La Guardia Civil nos notificó la denuncia y decidimos salir el jueves, porque después del ERE ya sólo nos faltaba que nos pusiesen una multa", explica en nombre de la plantilla Jerónimo Fernández, secretario general de MCA-UGT en la fábrica. Pese a este nuevo golpe, los empleados avisan: "No tiraremos la toalla".

De hecho, seguirán "presionando" a la Consejería de Empleo, Industria y Turismo para que solicite el concurso de acreedores de la compañía, dada su elevada deuda, de 9 millones de euros. "De ello los trabajadores no nos beneficiamos, pero al menos un juez de lo Mercantil iniciaría una investigación en la empresa, que es lo que venimos pidiendo desde el principio", aclara Jerónimo Fernández. Una de las razones por la que la plantilla sigue al pie del cañón es para pedir una solución para los despedidos mayores de 57 años y al borde de la jubilación. "Estas personas van a tener grandes dificultades para encontrar un trabajo", lamentan.

Para los 92 profesionales, procedentes fundamentalmente de Gijón, Avilés y Candás, el infierno laboral comenzó el pasado 23 de octubre, cuando la dirección del grupo Fahime anunció un expediente de regulación de empleo (ERE) que ponía de patitas en la calle a todos sus trabajadores y suponía el cierre de sus empresas: Mecafran, Caldefran, Serton Servicios e Industrial Marande. A partir de ahí comenzó una batalla judicial que llevó a los despedidos a encerrarse el pasado 3 de noviembre en protesta de lo que consideraban un error. Con pitos y pancartas se movilizaron en Candás y también en Oviedo, ante la Consejería de Industria, a la espera de una solución. Sin embargo, la ansiada captación de inversores no funcionó y la demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), tampoco. Los magistrados dictaminaron que el despido había sido procedente. La lucha continúa.

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