"Se hace tremendamente difícil dar crédito a lo alegado por el Ayuntamiento de Siero para justificar que no se me haya pagado el estudio sobre la historia y la cultura de la sidra en el concejo". Así reaccionó ayer el historiador Luis Benito García, autor de la obra, al informe interno del Consistorio en el que se achaca la situación a que la investigación no se habría encargado ni tramitado mediante un procedimiento adecuado por el anterior equipo de gobierno, de Foro, y, más concretamente, por la que fuera edil de Cultura, María José Sánchez, quien dimitió poco antes de las elecciones municipales de 2015.
En primer lugar, García se refiere al importe, que no serían 2.999 euros, como defiende el Ayuntamiento, sino 6.000. "No se qué tipo de historiador profesional emprendería una investigación de tal envergadura por 3.000 euros. La tarifa que yo acordé, que es la que aparecía en la presentación del estudio, ascendía a 6.0000 euros, siendo ya excepcionalmente baja porque estaba en la creencia de que podía contribuir de modo significativo a hacer de la cultura sidrera Patrimonio de la Humanidad", afirma García, que estuvo encargado de la candidatura de la tradición llagarera de Asturias a la Unesco, paralizada desde hace ya tiempo.
El historiador explica que, cuando María José Sánchez dimite, "el nuevo montante que se acuerda con el Ayuntamiento es de 4.000 euros, pero corriendo una entidad bancaria que se prestó a colaborar y los lagareros que quisieron participar en este proyecto con el resto del importe, hasta completar los 6.000 euros".
"Es en la negociación con la Corporación entrante tras las elecciones cuando se acuerda rebajar la cuantía a aportar por el Consistorio a 2.999 euros, para evitar cierto tipo de trabas burocráticas que yo desconozco", subraya el investigador.
"Preocupante"
Para Luis Benito García resulta "excepcionalmente preocupante" que "se quiera dar a entender que se cometió algún tipo de irregularidad en el origen del estudio, cosa que no ocurrió en modo alguno". Además, afirma, "se supone que las administraciones disponen de los resortes necesarios a través de un derecho específico para solventar los problemas que se puedan presentar y que, de otro lado, el Ayuntamiento tiene conocimiento tanto de la primera factura de 4.000 euros como de las demás, ya que todas fueron entregadas por registro".
Para finalizar, García señala, en referencia al montante económico de 2015 al que hace alusión el informe municipal, que desconoce "por completo de donde habrá podido salir". En cualquier caso, y pese a la polémica generada, el historiador "agradece" que "el gobierno local se ocupe afanosamente en la búsqueda de unas vía alternativas de pago de las que sin duda dispone".
