Los afectados por las expropiaciones de terrenos para desarrollar el macropolígono de Bobes no quieren ni oír hablar del pago de plusvalías. Los representantes vecinales consideran que este impuesto es "injusto", debido a que se deriva de un cambio de uso de los terrenos -de rural a industrial- determinado por la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias (Sogepsa) justo antes de ejecutar unas expropiaciones que los más de 300 propietarios afectados no querían, y por las que además ya han tenido que pagar unas buenas cantidades a Hacienda.
"Que pague Sogepsa las plusvalías", afirma César Solís, presidente de la asociación de vecinos de San Miguel de la Barreda, sintetizando el sentir de sus paisanos. Porque, según precisa Solís, los pagos en impuestos y a los abogados han mermado considerablemente la cuantía percibida por los afectados por las expropiaciones. "De los 39 euros de justiprecio que nos impusieron, igual nos hemos quedado con diez. Entre los gastos del juicio y lo que nos ha cobrado Hacienda, ya no nos queda casi nada, y ahora quieren venir con una plusvalía que algunos no podrán ni pagar, porque el dinero se cobró hace años y quizás ya no lo tengan", sostiene Solís.
En conjunto, los cobros por las plusvalías podrían elevarse hasta 1,5 millones de euros, según las estimaciones municipales. Aunque no está claro cuántos afectados adeudan aún esos pagos -en función de los expedientes abiertos en el Ayuntamiento de Siero se estima que habría unas 400 parcelas pendientes de pago sobre las 539 expropiadas por Sogepsa- y el tiempo transcurrido hace pensar en la posibilidad de que, en algunos casos, el período legal de cobro del impuesto ya haya vencido.
Los representantes vecinales, de hecho, insisten en la inseguridad jurídica que les plantea una eventual reclamación de las plusvalías. "Creemos que la mayoría, o al menos una buena parte, ya deben de haber prescrito", sostiene Francisco Javier Villanueva, alcalde de barrio de Bobes. Por ello, anticipan una catarata de reclamaciones judiciales en el caso de que el Ayuntamiento de Siero gire finalmente los recibos.
"Mucha gente irá a juicio, porque además estamos hartos. Yo tengo claro que si me quieren cobrar las plusvalías voy a ver al abogado. Ya he tenido que hacer dos pagos a Hacienda por una expropiación que no pedí ni quería, me niego a pagar más", afirma Solís. Además, los afectados consideran que la plusvalía que se pretende cobrar es desproporcionada, al menos si mantiene las cifras que se reclamaron en 2014, cuando el consistorio sierense giró los primeros recibos a los afectados. "Conozco un caso de una familia que había recibido menos de 100.000 euros por las expropiaciones y a la que querían cobrarle 20.000 de plusvalía. Y eso tras haber pagado otro tanto a Hacienda", revela Solís.
El gravamen de la plusvalía es variable, la marca cada ayuntamiento en sus ordenanzas y se debe calcular atendiendo a diversos factores, aunque en ningún caso puede exceder del 30% del dinero en el que se cifre el incremento del valor del suelo. El problema, no obstante, es que para calcular ese incremento del valor no se tiene en cuenta el precio de venta, sino aspectos como los años de propiedad del inmueble o el valor catastral del suelo.
Esto hace que, en el caso de las expropiaciones del polígono de Bobes, los afectados consideren que la cuantía del impuesto resulta excesiva en comparación con las cantidades que percibieron por la expropiación de sus terrenos.
"No queremos pagar la plusvalía, creo que es una reacción normal. Tendrían que cobrársela a Sogepsa, no a nosotros, que no pedimos esto. Nadie quería vender sus terrenos, vinieron aquí a quitárnoslos", sostiene Francisco Javier Villanueva.
Para los afectados, una solución asumible pasaba por la que trató de impulsar Foro Asturias cuando estaba en el gobierno de Siero, el mandato anterior. Era el año 2014, y Foro trató de aplicar una rebaja del 75% de las cantidades a cobrar, argumentando la especial utilidad pública de esos terrenos. La propuesta, no obstante, fue tumbada por un informe jurídico que alertaba de la ilegalidad de aplicar una medida incluida en una ley de 2013 para bonificar unas plusvalías derivadas de una transacción realizada en 2009. "Era una buena medida, habría dejado unas cantidades más razonables", sostiene Solís.
