El mal estado de algunos inmuebles antiguos en el centro de Noreña preocupa a vecinos y formaciones políticas. En fechas recientes, la Policía Local ha precintado dos inmuebles en la calle Doctor Cuesta Olay por riesgo de desprendimiento, una situación que ya se dio, meses atrás, en otras vías de la localidad, como Pedro Alonso. Ante estos desperfectos, el grupo municipal de IU reclama al gobierno local que tome medidas urgentes para evitar la ruina de estos inmuebles. Unas medidas entre las que no se descarta la ejecución subsidiaria.
El portavoz de la coalición, René Coviella, sostiene que el mal estado de algunos de estos inmuebles puede llegar a suponer un peligro para viandantes y conductores, ya que pueden llegar a producirse desprendimientos de piezas de la fachada o la techumbre.
Coviella precisa que los inmuebles precintados de la calle Doctor Cuesta Olay son los que más preocupan a la coalición, aunque alerta de situaciones análogas en otros edificios de El Truébano, Manuel Rionda y la calle de la Iglesia. A esta lista aún habría que añadir otro edificio deshabitado de la calle Pedro Alonso, que estuvo precintado durante varios meses por temor a que su fachada se viniese abajo. Posteriormente, el precinto se retiró sin que se hubiese realizado actuación alguna en el edificio.
"El gobierno local se comprometió a enviar requerimientos a los propietarios de dichos inmuebles con el objetivo de exigirles la realización de las obras que fueran necesarias para asegurar su adecuada conservación o, si esto no fuera posible, a solicitar la preceptiva declaración de ruina para proceder a su posterior derribo", afirma Coviella, que subraya que, aunque estos fueron efectivamente enviados, no han dado fruto. "Parece obvio que se hace necesaria una intervención más decidida", añade el portavoz de IU.
En esta línea, la coalición reclama al gobierno local que remita nuevos requerimientos a los propietarios de los inmuebles que amenazan ruina, fijando además un plazo para que actúen sobre esos edificios.
En el caso de que esos requerimientos no sean atendidos, la coalición propone que el consistorio proceda a una ejecución subsidiaria de las obras necesarias para asegurar los inmuebles, repercutiendo posteriormente la cuantía de los trabajos sobre los propietarios de los inmuebles. Una opción contemplada en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.
