El gobierno autonómica busca assegurar la supervivencia de Sogepsa después de un nuevo varapalo judicial. El último revés para la sociedad mixta, en forma de sentencia, ha llegado desde la Audiencia Provincial, que ha ratificado una sentencia previa que obliga a Sogepsa a pagar nueve millones de euros a las empresas que formaban la UTE que ejecutaba las obras de urbanización del macropolígono de Bobes: Sardalla Española, Alvargonzález y FCC.
La sentencia se une, además, a la controversia que se cierne sobre el gerente de Sogepsa, José María Quirós, que figura como fundador y copropietario de una empresa del ámbito audiovisual, tal y como denuncia Podemos. En todo caso, el gobierno autonómico asegura que trabaja para hallar soluciones a los problemas de Sogepsa. El portavoz del gobierno, Guillermo Martínez, declaró esta misma mañana que en el ejecutivo se sabe "que la situación es compleja, pero Sogepsa sigue trabajando en busca de una solución que asegure el futuro de la sociedad tras el fallo judicial".
Lo que aún no está claro es si Sogepsa recurrirá el fallo ante el Supremo o si dará el proceso por finalizado. En este sentido, el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons reclama al gobierno autonómico que "no recurra? la sentencia por el simple ánimo de ganar tiempo", y que se redacte un informe jurídico antes de un eventual recurso. A mayores, Cuervas-Mons pide que se clarifique si Sogepsa es viable o no, y exige soluciones para el área industrial de Bobes, cuyo ámbito de actuación es a día de hoy, y en palabras del diputado popular, "un erial.
