La incineradora canina prevista en Prendes "tiene un grado de contaminación nulo, el que marca la ley; los trabajos que se realizarán no generan ruidos ni olores". Así replica la empresa que gestionará la instalación, Prinascán, a los vecinos, que el lunes escenificaron su oposición al crematorio planteado en el polígono de Falmuria. El gerente y responsable del área de Logística y Compras, Juan Luis Velasco, quiso salir al paso de las declaraciones vecinales, que cuestionan la incineradora, entre otras cuestiones, por su proximidad a viviendas y explotaciones agrarias.
La intención de Prinascán es poder instalarse en el polígono industrial de Falmuria antes del verano. Pero para ello, el Ayuntamiento deberá resolver previamente las alegaciones presentadas, y la Consejería de Medio Ambiente, entre otros organismos, deberá informar la manera favorable a la instalación. La empresa argumenta que ya lleva diez años de trabajo en el polígono de Roces, en Gijón, un hecho que presenta como aval para poder reubicar sus instalaciones en el concejo carreñense.
Velasco señala además que la empresa se ofreció en su momento a programar una visita con los representantes vecinales a las instalaciones de Gijón "para que comprobaran que no existe ningún problema; sin embargo, no obtuvimos ningún tipo de respuesta. Optamos por ser transparentes, pero parece que la vía diplomática no funciona", lamenta el gerente de Prinascán.
Alegaciones
Por su parte, el concejal de Urbanismo de Carreño, Gabriel Rodríguez, manifiesta que los vecinos "cuentan con información desde el primer día" sobre el proyecto a desarrollar en Prendes y avanza que los trabajadores municipales están analizando estos días las tres alegaciones presentadas, dos de ellas con más de cien firmas en total y una de una empresa ya instalada en el polígono de Falmuria.
Sobre la supuesta contaminación que puede provocar la incineración de animales, el gerente de Prinascán indica que existen "otros contaminantes, como la ganadería y el enterramiento de animales domésticos, que está prohibido y puede conllevar incluso hasta procesos penales".
Así las cosas, la última palabra la tendrán los organismos oficiales, Principado y Ayuntamiento, que serán quienes deben conceder la pertinente autorización a una infraestructura que, pese a no haber comenzado su labor en Prendes, ya viene cargada de polémica.
