La Nueva España

La Nueva España

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

De Aquí A Lima

Coste y beneficio del delito

El notable incremento de los robos con fuerza en viviendas de Asturias, con Siero a la cabeza, reabre el debate del endurecimiento de las penas como elemento disuasorio

Desperfectos provocados por los ladrones en una cafetería de Lugones. F.T.

Una simplificación economicista del delito establece que una persona se atreve a violar la ley porque los beneficios que espera son superiores a los costes en los que incurre. Esos costes pueden ser tangibles (la adquisición de una herramienta para asaltar una vivienda) y/o intangibles: el mero riesgo de ser atrapado y condenado. Y la misma división puede hacerse también con los beneficios: los materiales son los económicos (el botín) y los más etéreos son los emocionales (pasionales, por ejemplo).

No son pocos quienes sostienen que parte de la culpa de la existencia de la delincuencia la tiene la sociedad, y que los criminales son consecuencia del fracaso colectivo. Pero la interesante -y un tanto sociopática- teoría enunciada concluye que, en la medida en que el infractor es consciente de que su acción implica costes y beneficios, la violación de la ley constituye una acción racional y, por tanto, el único responsable de ella es el individuo.

Es cierto que coincidiendo con los años de la crisis se ha certificado un incremento general de la delincuencia. Además, según los datos del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, desde 2013 se ha trasladado a las zonas rurales españolas -y Asturias lo es- la delincuencia de las grandes ciudades.

El Principado cerró 2015 con un notable incremento de robos en viviendas. Un 2,6% más que el año anterior. Los ladrones entraron a la fuerza en tres domicilios asturianos cada día del año pasado, de media. Casi mil robos en doce meses.

Y el arranque de 2016 ha sido aún peor. En Asturias se incrementaron un 78% los robos con fuerza en viviendas en el primer trimestre con respecto al mismo periodo de 2015. Siero y Avilés presentan los peores resultados, con crecimientos del 116,7% y del 106,3%, respectivamente. En el concejo sierense se duplicaron los delitos en solo un año. Y también aumentaron las sustracciones de vehículos a motor (un 133,3%) y los hurtos, que pasaron de 121 a 134. Consecuencia de ello, en Lugones ha surgido, por ejemplo, una plataforma cívica que exige más presencia policial para acabar con robos y atracos.

Pero achacar el incremento de la delincuencia a una necesidad económica causada por la crisis resultaría tan demagógico como atribuir la colosal destrucción de empleo a las argucias de empresarios desalmados que se aprovecharon del momento para adelgazar sus plantillas y engordar sus beneficios.

Los cuerpos de seguridad han hecho su trabajo y el resultado de las detenciones arroja que buena parte de los delitos ha sido cometida por rateros de poca monta, oportunistas, macarras pandilleros (menores en un preocupante número) o bandas organizadas itinerantes, como confirmó recientemente el Delegado del Gobierno. Es decir, que aún en crisis, son muchos más los que roban por diversión o, sobre todo, por "profesión", que por necesidad.

La ligereza de las penas convierte a los agentes demasiado a menudo en meros elementos disuasorios y hace que sean frecuentes episodios como la detención de un mismo delincuente varias veces en el mismo mes por cometer el mismo delito. Sucede ante la laxitud penal que impide una sanción severa. Es lo que la sabiduría popular define como que "entran por una puerta y salen por otra".

Constatados el incremento de la delincuencia, el aprovechamiento criminal del río revuelto por la crisis y la manifiesta impotencia policial, tal vez sea el momento de reabrir el -controvertido- debate sobre el endurecimiento de las penas. No se trata de aplicar castigos desproporcionados como el de los padres japoneses que abandonaron a su hijo de siete años en un bosque por portarse mal, pero sí de disuadir con sanciones, por ejemplo, a pandilleros que utilizan la impunidad para atemorizar al vecindario o perpetrar pequeños robos que causan más gastos -en destrozos- a quien los padece que beneficio a quien los comete.

Muchos especialistas en el estudio de la delincuencia han concluido y proclamado durante décadas que endurecer las penas no es un elemento disuasorio. Que no desalienta la propensión de la gente a cometer un delito. Sin embargo, la teoría economicista citada al inicio considera impensable que la propensión a delinquir no se vea afectada por el coste de la condena. Sería tan absurdo, opinan, como pensar que el incremento del precio de un producto supone un aumento de las ventas. Debate servido.

La seguridad ciudadana es una condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y también uno de los principales indicativos de la calidad de vida. La que existe en España -y más en Asturias, que está entre las mejores del país- la valora más cualquiera que haya pisado América Latina. Esta madrugada se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú. Las encuestas dan empate técnico entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. La hija del ex presidente Alberto Fujimori mantiene una importantísima cohorte de seguidores pese a que su padre cumple 25 años de cárcel por corrupción y violación de derechos humanos. Y lo hace, en gran medida, porque gran parte de la sociedad la cree capaz de reducir la delincuencia en las calles como hizo su progenitor. Aunque muchos dan por hecho que su hija lo indultará si llega al Gobierno, el problema de la seguridad es tan serio que piensan que en este caso el fin justifica los medios.

De vuelta a este lado del Atlántico, sin llegar a esos extremos, aquí el busilis del asunto está en si el objetivo de nuestro sistema actual debe ser la condescendencia penal en busca de la inserción social del delincuente, o empieza a ser atajar con severidad el crecimiento de la delincuencia.

Compartir el artículo

stats