La presidenta de Hunosa, María Teresa Mallada, aseguró ayer que la Fundación Laboral Santa Bárbara (FUSBA), dependiente de la empresa pública y con sede en Carbayín Alto, redujo sus pérdidas anuales desde los 400.000 a los 60.000 euros en los últimos cuatro años de gestión, gracias a la "capacidad de adaptación a los cambios de sus trabajadores". Un anuncio que tuvo lugar dentro de los actos de celebración del día de la patrona de los mineros, que para la fundación se adelantaron dos días y consistieron en la distinción de varios trabajadores y una comida de confraternización.
La presidenta de Hunosa participó previamente en la reunión del patronato de la fundación en la que también estuvieron, entro otros, el director, Jesús Fernández, y representantes de los sindicatos como el secretario general del SOMA, José Luis Alperi, en los que abordaron varios temas de los que Mallada sólo desveló algún detalle. "Alguno de los participantes se enfadó un poco porque puse como ejemplo a seguir la capacidad de cambio a otras actividades de la gente de la fundación", apuntó la propia Mallada, dejó en el aire su continuidad al frente de la empresa estatal. "Aunque ya no vuelva como presidenta por los cambios que pueda haber, avisadme cuando logremos beneficios para venir a celebrarlo", dijo sobre la buena marcha de la entidad.
Sobre los motivos de la mejora de los resultados, Mallada destacó el hecho de que en 2015 se reconociese a la fundación como medio propio de la administración, abriendo la puerta a la obtención de contratos sin necesidad de acudir a concurso abierto. "Sin ir más lejos hemos accedido a un contrato con la Fábrica de Moneda y Timbre que supone un importante encargo de ropa que nos dará mucha actividad", anunció la presidenta de Hunosa.
A ello hay que añadir la asunción de muchos trabajos que antes Hunosa contrataba a empresas externas como la rehabilitación de patrimonio industrial, la gestión del centro de experiencias de Sotón o la responsabilidad del laboratorio del lavadero Batán. "De no ser por estas actividades daríamos un 10% de empleo menos", señaló Jesús Fernández, acerca de una plantilla de 97 personas de las que casi la totalidad son discapacitados familiares de personas vinculadas a la minería y que podrían aumentar en caso de alcanzar balance positivo.
