El alcalde de Siero, el socialista Gerardo Sanz, ha afeado a la empresa Aqualia su insistencia en rescindir el contrato que firmó en su día con el Ayuntamiento de Llanera por la gestión de la piscina del complejo deportivo Santi Cazorla de Lugo, a pesar de que los tribunales han fallado en su contra de forma reiterada.
El regidor llanerense manifestó que "los tribunales de justicia le han tenido que venir dando explicaciones durante estos cuatro años porque (Aqualia) no entiende el contrato que firmó con este Ayuntamiento".
"Primero le tuvieron que explicar que la concesión era a riesgo y ventura y que, por lo tanto, este Ayuntamiento no les tenía que pagar ni dar una subvención anual por las pérdidas que tenían en la piscina, de 450.000 euros, aproximadamente, cada año", dijo el regidor, quien sostuvo que lo que tenían que haber hecho "es ponerse las pilas para que la piscina diera beneficios; y al igual que esa concesión les permitía tener beneficios, podía darse que una mala gestión o un mal planteamiento del plan de viabilidad inicial devinieran en que no tenían esos beneficios". El regidor hizo estas declaraciones en una comparecencia en la que estuvo acompañado por los abogados municipales Gerardo de la Iglesia y Miguel Teijelo.
Tras varios pleitos en los que la empresa trato de conseguir, sin éxito, que el Ayuntamiento de Llanera compensara esas pérdidas, la última demanda de Aqualia estaba encaminada a rescindir el contrato y pedir al Ayuntamiento de Llanera una indemnización de 4,5 millones de euros. El juzgado volvió a fallar a favor del Ayuntamiento, considerando que no había lugar a la rescisión del contrato, si bien estimó parcialmente la demanda y reconoció el derecho de la empresa a percibir 408.958,24 euros en concepto de sobrecostes.
"Aqualia pretendía una rescisión unilateral del contrato y el juzgado dejó claro que no se cumplía ninguno de los supuestos que argumentaba para romper el contrato", declaró el regidor. De no ser así, sostuvo Sanz, "se estaría abriendo la posibilidad de que cualquier empresa se embarcase en una concesión de servicio en cualquier Ayuntamiento y cuando viese que alguna de las variables que ella manejaba para tener beneficios no se cumplía, se fuera y lo dejara todo al albur de la Administración pública".
Con respecto al sobrecoste, Miguel Teijelo aseguró que el Ayuntamiento estaba de acuerdo con lo que se expresó en la sentencia. "Efectivamente, cuando se termina la obra, el Ayuntamiento tiene que hacer una recepción formal de la obra, comprobar que la inversión se corresponde con la obra, y tiene que ver el coste de la misma o si ha habido modificaciones para ver cómo encajan esos números en la amortización que tiene que hacerse en el período concesional y que se traslada a las tarifas de los usuarios", manifestó.
El letrado insistió en que el municipio está de acuerdo con la consideración de ese sobrecoste, "lo cual no significa que el Ayuntamiento tenga que abonarlo", sino que la empresa lo habrá de incluir en la amortización.
Aqualia, por su parte, insiste en luchar por la rescisión del contrato con el Ayuntamiento de Llanera. La empresa, según aseguraron los abogados municipales, ha recurrido la sentencia judicial. "Hay que ser cautos hasta que sea firme", concluye Teijelo.
