Un expediente sancionador a una maderera ha acabado por primera vez con multa en Villaviciosa. Se trata de la tala que se realizó en abril de 2016 en la parroquia de Coru sin la preceptiva licencia y ocasionando, además, un vertido que acabó en la ría. La sanción es de 7.143,75 euros y se corresponde a la realización de la tala sin permiso municipal, aunque el daño a la ría "se ha valorado con las circunstancias agravantes de los hechos". Así lo explica el alcalde, el socialista Alejandro Vega, que tiene la "firme decisión de que se respeten las normas".
Los maderistas sacaron 3.816 toneladas de eucalipto, y para facilitar la entrada y salida de los camiones en los que cargaron esta mercancía adecuaron el acceso con materiales que al llover fueron arrastrados al cauce del río Profundu y, como consecuencia, a la ría de Villaviciosa, espacio catalogado como reserva natural parcial.
Fueron los vecinos quienes inicialmente alertaron al Consistorio de lo que estaba sucediendo en el barrio de La Piñera, en la parroquia de Coru. Los maderistas estaban utilizando el camino vecinal desde la carretera AS-332 hasta el río "sin consentimiento", y con la ayuda de una pala excavadora retiraron parte de una finca, depositando la tierra en otra, ambas propiedad de particulares. Los afectados denunciaron entonces el "inminente riesgo de argayar" que existía y que, en aquel momento, ya se había producido algún pequeño desprendimiento debido al "gran desnivel" del terreno. Pidieron entonces a la empresa una escollera para evitar el derrumbe, pero la compañía hizo "caso omiso", según trasladaron los propios afectados.
El ingeniero técnico agrícola del Ayuntamiento recogió en un informe elaborado al mes siguiente la obligación de construir la escollera (valorada en 1.800 euros), así como un talud (580 euros) y de restituir a su estado original las vías de la saca (1.900 euros). Un documento municipal posterior remarca la obligación de ejecutar estas medidas "bajo apercibimiento de su ejecución subsidiaria" (esto es, que las realice el Ayuntamiento y le cobre el coste a la compañía). En este mismo informe (emitido el pasado día 6) se contestan las alegaciones de la empresa, que manifiesta "disconformidad" al haber cumplido la legalidad vigente y asegurando que "se parte de unos hechos no acreditados pericialmente". El Ayuntamiento descartó este punto al estar "debidamente probados en los expedientes precedentes", ante los que la compañía no se pronunció. "No fueron objeto de recurso, deviniendo firmes, lo que implica el consentimiento por la interesada".
