El Consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, exigió esta mañana al Gobierno que lidera Mariano Rajoy que respete la actual implantación de los juzgados de paz, con el fin de garantizar el servicio que se presta a más de 200.000 asturianos. Esa exigencia autonómica critica la reforma de la Ley del Registro Civil que pretende llevar a cabo el Ejecutivo. Martínez hizo esas declaraciones durante una visita al Juzgado de Paz de Candás.
El consejero de Presidencia cifró en 1,9 millones la inversión realizada en la última década en estos órganos judiciales. Martínez ha advertido de que el necesario proceso de modernización de la Administración de Justicia "no debe hacerse a costa de poner en riesgo el mantenimiento de un servicio público fundamental para Asturias", sobre todo en los municipios de menor tamaño donde no existen oficinas del Registro Civil.
Los 60 juzgados de paz con los que cuenta Asturias permiten tramitar asuntos tan esenciales como la expedición de certificados, partidas de nacimiento o fes de vida. Además, como ha recordado el titular de Presidencia, desempeñan un importante papel en materia de conservación y custodia de documentación histórica gracias a los libros del registro, que datan de 1871 y contienen el patrimonio humano de cada municipio, lo que los convierte en una institución de gran interés social. El consejero también ha justificado la defensa de la distribución actual de los juzgados de paz porque se trata de elementos de cohesión territorial en los municipios más afectados por fenómenos demográficos como la despoblación y el envejecimiento. En Asturias existen 36 órganos judiciales de este tipo en concejos de menos de 7.000 habitantes, parte de ellos integrados en agrupaciones de secretarias que dan servicio a más de un municipio. Su continuidad es esencial para que los ciudadanos dispongan de servicios vinculados al Registro Civil sin necesidad de desplazamientos a poblaciones urbanas", ha precisado.
