Los afectados por la supuesta estafa de un administrador a comunidades de propietarios reclamaron ayer un apoyo del Ayuntamiento con el fin de que medie ante el Principado y evite, al menos, que las cuentas sean embargadas. Los vecinos aseguran que esa medida permitiría dar una salida a los pagos del agua y las subvenciones públicas para, por ejemplo, la instalación de ascensores.

"Y los bancos que permitieron que el administrador hiciera esas operaciones sin tener permiso para ello creo que se deberían investigar su papel en este proceso, el administrador llegó a falsificar firmas", destacó uno de los afectados, presente en la charla promovida por el Ayuntamiento en el centro de La Baragaña. Allí, la directora de la Agencia de Consumo del Principado, Rosa Urdiales, dejó claro en su intervención que los vecinos que "quieran recuperar lo que les han timado" deben recurrir a la vía penal y no a la administrativa.

La letrada del colegio de Abogados de Gijón, Sara Fernández, explicó el sistema para acogerse a la asistencia jurídica gratuita, pero no convenció a los vecinos porque no está permitido para comunidades de propietarios, aunque sí para otros colectivos afectados, como los autónomos, eso sí, dependiendo de su salario anual.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha recibido un total de doce denuncias de comunidades en el cuartel de Candás, aunque confirmó que hay otra interpuesta en Gijón. La Benemérita se ofreció a los vecinos para solicitar información con vistas a la presentación de la denuncia con el fin de que aporten toda la documentación requerida.

Otras comunidades de propietarios también afectadas pero con cantidades que rondan los 1.000 euros tan solo desean poder acceder a la documentación que concierne a su portal y que, por el momento, permanece en la sede social del administrador investigado.