La denuncia por prevaricación contra la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, y el concejal de Seguridad del municipio, Pelayo Suárez, (ambos de IPÑ), por la que tendrán que declarar como imputados el próximo día 15, ha sido el último recurso que le ha quedado a un matrimonio con dos hijos pequeños que reside frente al club de los "Ángeles del Infierno". Desde hace año y medio, asegura su letrado, Carlos Cima, sufren una situación insoportable: conciertos nocturnos, ruidos de todo tipo e incluso la contaminación lumínica de un foco que alumbra la zona por las noches.
Según Cima, la familia presentó una decena de quejas ante el Ayuntamiento, se dirigió personalmente tanto a la Alcaldesa como al Concejal de Seguridad. Invariablemente, sostiene la denuncia, se les contestaba que el Ayuntamiento no podía hacer nada, porque contaban con todos los permisos y la actividad era legal. También llamaron a la Guardia Civil, que tampoco actuó contra los "Hell's Angels". Lo único que consiguieron fue que retirasen unos carteles.
Cuando constataron que los "Ángeles del Infierno" carecían de licencia de actividad, hace un par de meses, decidieron presentar una denuncia, que ahora se tramita en el Juzgado número 4 de Pola de Siero. El fiscal estimó que el asunto debe investigarse, motivo por el que han sido llamados a declarar Antuña y Suárez. Además, los denunciantes han solicitado al Ayuntamiento que proceda al precinto del local y al cierre de la actividad. "Están hartos de que el ayuntamiento no haga nada. Ese club social está desarrollando una actividad ilegal. No hay licencia de nada. Y las normas urbanísticas prohiben instalar algo parecido en un núcleo rural como es La Felguera de Noreña", sostiene Carlos Cima. Los informes del propio ayuntamiento avalan las pretensiones fe los denunciantes, señalan. Cima no se atreve a aventurar qué razones han impulsado al Ayuntamiento a consentir esta situación, pero sí que ve "cosas extrañas".
La Alcaldesa, por su parte, se escuda en que no hubo denuncias por escrito, sino verbales, aparte de que no puede echar a los moteros de la finca, al haber un contrato entre particulares. Además, defenderá que ella no es responsable de la instalación del club, que se produjo antes de que llegase al cargo. Así las cosas, el concejal Pelayo Suárez declarará el día 15 a las diez y media de la mañana, y la alcaldesa media hora después.
