"El Ayuntamiento de Noreña nada tiene que ocultar y creemos en la justicia. La verdad es la verdad y no hay nada de ocultar". Fueron las palabras que la alcaldesa, Amparo Antuña (IPÑ), pronunció justo antes de entrar a declarar en el Juzgado de instrucción número 4 de Pola Siero. Lo hizo junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Pelayo Suárez (IPÑ), en calidad de investigados o imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión.
Surge de la denuncia de unos vecinos de Noreña que acusan a la alcaldesa y al concejal de no haber actuado correctamente e impedir las molestias que le causan los miembros de la asociación de moteros "Ángeles del Infierno", que tiene su sede en una finca que alquilaron hace años en La Felguera de Noreña, colindante a la de la denunciante. Se quejan de los ruidos de sus conciertos nocturnos y otras actividades para las que no tienen licencia.
Antuña y Suárez estaban citados a las diez y media de la mañana, el edil, y a las once, la regidora, pero no entraron en la sala hasta última hora de la mañana. Su abogado, Fernando Barutell, adelantó que pedirán al juez el sobreseimiento del caso y que se dé traslado a la Fiscalía para que informe. "A la vista del contenido de la denuncia y los informes carece mínimamente de ningún indicio de responsabilidad penal", argumentó el letrado.
Alcaldesa y edil basan su defensa, tal y como ya avanzó LA NUEVA ESPAÑA, en que las quejas de la familia afectada fueron verbales -nunca de forma oficial o denuncias- y empezaron a producirse en 2013 -entonces no se produjo ningún tipo de actuación municipal-, cuando IPÑ no estaba en la Alcaldía, pues llegó en junio de 2015. Fue a partir de esa fecha cuando se inició el expediente. Los responsables municipales aseguran que actuaron a través de la Guardia Civil, la Policía Local, así como con requerimientos tanto a los propietarios de la finca como a los miembros de la asociación. Así consta en la documentación. Es más, desde meses atrás advirtieron a los "Ángeles del Infierno" de que tenían que retirar unas pintadas de la fachada -que fueron borradas en parte- y de que tenían que formalizar la licencia de actividades. Pero hicieron caso omiso, así que el 9 de mayo, la alcaldesa firmó un decreto para finalizar el largo proceso administrativo. En este documento se decretaba la ejecución forzosa para el cese de la actividad. Se les daba un plazo de cinco días para proceder a precintar el local.
Así las cosas, Antuña llegó ayer al juzgado dispuesta a "aclarar todas las cuestiones al juez y a la Fiscalía" y demostrar que no cometieron el delito.
"Los Ángeles del Infierno" llegaron hace años a Noreña, al instalarse en un local que alquilaron a un particular. Pero la familia denunciante, con dos hijos pequeños, se queja de los ruidos que soportan desde hace año y medio derivados de los conciertos nocturnos y otras actividades que organizaban los moteros. Además, les molesta un foco que colocaron para alumbrar la zona. Cuando constataron que los "Ángeles del Infierno" no tenían licencia, decidieron presentar la denuncia.
