El contrato de explotación de la piscina de Lugo de Llanera se mantendrá intacto. Así lo anunció ayer el Ayuntamiento, después de comunicar que no ha prosperado el recurso interpuesto por Aqualia -empresa concesionaria de la explotación de las citadas instalaciones- ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), después de que el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Oviedo desestimase la petición de la empresa de resolver el contrato y percibir una indemnización de 4,7 millones de euros.

"El alto tribunal considera que, 'si bien es cierto que el centro deportivo no ha respondido a las expectativas o previsiones del concesionario', esto no es imputable al Ayuntamiento 'con la finalidad de obligarle a resolver la concesión, toda vez que la aplicación del riesgo y ventura, obliga al contratista a soportar las pérdidas', algo que tampoco es achacable a errores en el estudio de viabilidad aprobado en su día por el consistorio", explica el gobierno local en un comunicado firmado por los portavoces de PSOE, Izquierda Unida y Somos.

"Eso es así porque datos contenidos en ese estudio, 'tales como la diferencia de habitantes respecto a lo reflejado por el INE, no resultan significativos', y recuerda la sentencia que 'en materia de concesiones de servicio público, la regla general de la jurisprudencia es el principio de riesgo y ventura, por lo que el restablecimiento del equilibrio concesional es una excepción'", prosigue el texto del tripartito, en el que se citan pasajes de la sentencia.

El dictamen también corrobora que las obras costaron 400.000 euros por encima del montante inicialmente planteado, y que esa cantidad debe ser estimada en el total de la amortización. El texto también recoge que las obras se dan por recibidas.

Ocho juicios

Con éste, son ocho los juicios que Aqualia pierde ante el Ayuntamiento desde 2011. En esta ocasión, la concesionaria solicita la rescisión del contrato de explotación del complejo deportivo Santi Cazorla alegando que las instalaciones son deficitarias. Entiende que la explotación del servicio y el cumplimiento del contrato le están ocasionando graves perjuicios económicos, por lo que, de manera subsidiaria, solicitaba poder iniciar el correspondiente procedimiento de modificación del concierto para poder recuperar la viabilidad del mismo y mantener la continuidad del servicio.

Además, en repetidas ocasiones la compañía ha solicitado subvenciones al Ayuntamiento para equilibrar su balance, ya que la gestión le ha acarreado, asegura, cuantiosas pérdidas..

En caso de una resolución unilateral del contrato por parte de Aqualia, el Ayuntamiento estaría dispuesto a solicitar una indemnización por daños y perjuicios.