Los grupos políticos de Grado votaron unánimemente a favor de cobrar una tasa municipal a las compañías eléctricas por el uso del suelo público. La propuesta del equipo de gobierno de IU, que fue tratada previamente en la Federación Asturiana de Concejos (FACC), se sustenta en una sentencia del Tribual Supremo de enero de este año que avaló al concejo de Arteixo (A Coruña) a cobrar esta tasa. Así es que el Pleno moscón dio su apoyo a la medida con los votos de IU, PSOE y el grupo de no adscritos. La edil de Foro Asturias, Patricia Álvarez, no pudo asistir a la sesión.

"Votamos a favor porque aunque las subestaciones y sus infraestructuras son necesarias causan unas molestias y unos perjuicios, y está bien que paguen un dinero que pueda redundar en beneficio a la población; ya cobran bastante bien la energía", afirma José Ramón González, portavoz municipal del grupo de no adscritos, que abandonaron el PP.

González, sin embargo, lamenta no haber podido presentar una moción al respecto que preparó a raíz de la sentencia del Supremo. "En aquel momento me dijeron que querían hacerlo a través de la federación de concejos y entonces lo paramos, pero podía haberse presentando y votado y después votar la ordenanza", señala.

En cuanto al grupo municipal del PSOE, el apoyo se debió a que "la federación de concejos marcó esos precios, estamos de acuerdo en que estas empresas paguen por el uso del suelo público", subraya Loli Pastur, edil socialista.

Así es que todo el Pleno dio su apoyo unánime a la medida, aunque el equipo de gobierno espera unas más que previsibles alegaciones por parte de las empresas instaladas en Grado, Red Eléctrica Española (REE) y Saltos del Navia C. B. "Seguramente las presenten porque lo han hecho en otros concejos, pero siempre que hay unanimidad plenaria ayuda a que los posibles pleitos encuentren una postura común de todos los grupos", comenta Plácido Rodríguez, edil de Comunicación del equipo de gobierno de IU.

El concejal indica que se pusieron a trabajar en la ordenanza al advertir que otros ayuntamientos emprendían juicios contra las compañías y solicitaron el asesoramiento de la FACC. "Esta ordenanza demuestra que no estamos compinchados con las eléctricas cuando aprobamos el convenio de la subestación, hacemos en cada caso lo que sea oportuno", concluye.