El plan de normalización lingüística del asturiano en Carreño no tiene validez jurídica. Así lo ha estimado el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Gijón, que desestima los recursos interpuestos por el Partido Popular de Carreño contra la normativa local. "El plan impugnado no tiene carácter vinculante ni valor jurídico alguno, al tratarse de una declaración programática que carece de efectos jurídicos", falla el magistrado Jorge Rubiera, quien, no obstante, advierte en la sentencia que contra la puesta en marcha de cualquiera de las actuaciones previstas en el plan sí cabrían recursos o impugnaciones. La sentencia no es firme, por lo que cabe recurso contra la misma.

"El magistrado explica que el plan carece de valor jurídico; sin embargo, la sentencia nos parece decepcionante en el sentido de que no entra en el fondo del asunto; es decir, no analiza la legalidad de las medidas que contiene el plan promovido por el PSOE, Somos e IU", lamenta el portavoz de PP, José Ramón Fernández, quien echa en falta que la sentencia analice "si es legal o no establecer que el bable sea una lengua de uso institucional del mismo modo que el castellano o que determine si es legal o no la valoración del bable en el ámbito del empleo público, o en el de las subvenciones. La sentencia no analiza ninguna de esas cuestiones y razona que no procede su anulación porque el plan no tiene valor jurídico al ser calificado por el Pleno como declaración política, lo cual equivale a señalar que es papel mojado", asevera.

Tras analizar el fallo judicial, los servicios jurídicos del PP han decidido presentar recurso contra la sentencia. "Pensamos que este es un asunto de importancia e interés general, sobre el que es bueno que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Consideramos que no es suficiente que se afirme que el plan carece de valor jurídico, y nos preocupa que se admita que el Pleno de un Ayuntamiento pueda aprobar casi cualquier cosa, y validarlo a posteriori con el argumento de que es una declaración política sin valor jurídico", explica Fernández.

Además, el edil considera que este tipo de propuestas municipales caminan hacia la oficialidad del asturiano, un hecho con el que su grupo municipal no está de acuerdo: "Quizás haya gente que no da importancia a esta cuestión, pero si se siguen dando pasos en la línea que pretende la izquierda cómplice de los nacionalistas, Asturias podría llegar a tener la oficialidad del bable por la puerta de atrás".

El plan de normalización lingüística de Carreño fue aprobado el 28 de enero de 2016, con los votos a favor de PSOE, Somos e IU. A finales del marzo del mismo año la Delegación del Gobierno anula el texto, apoyándose en una sentencia del TSJA que alude a que los ayuntamientos no tienen competencias para equiparar el asturiano al castellano. Un mes después, y a instancias del propio Ayuntamiento, la Consejería de Cultura emite un informe jurídico que avala la medida.

Por su parte, la alcaldesa, Amelia Fernández, siempre mantuvo que "más que un acuerdo presupuestario, el plan de normalización lingüística supone un compromiso político por parte del equipo de gobierno para fomentar y normalizar el uso del asturiano".