El Ayuntamiento de Llanera negocia con Riosa, Morcín, Ribera de Arriba y Noreña un reparto "más equitativo" en el pago por el servicio del Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF). Estas conversaciones, todavía en una fase muy embrionaria, se han establecido después de que en diciembre de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Asturias obligase al Consistorio llanerense a incrementar el salario de las dos técnicas que forman el equipo, además de abonarles 30.000 euros en concepto de atrasos.
El resto de consistorios entendieron que los, aproximadamente, 24.000 euros de incremento en la masa salarial reconocidos por el alto tribunal regional eran consecuencia de una mala gestión del tripartito llanerense, por lo que se negaron a afrontar ese gasto. En 2018 se espera que esta circunstancia pueda cambiar.
Los cinco ayuntamientos cuentan con una subvención del Principado de 60.900 euros para pagar al EITAF, por lo que sus respectivas arcas municipales sólo tienen que hacer frente a lo que reste del servicio. En 2017, las cinco administraciones acordaron que Llanera asumiese íntegramente el "sobrecoste" del servicio. De esta manera, Riosa abonó 613 euros; Morcín, 1.185; Ribera de Arriba, 862; Noreña, 2.913, y Llanera, el resto, es decir 39.748 euros.
"Se está intentando llegar a un acuerdo para que, al menos, el resto de consistorios asuma una parte, aunque sea pequeña, del incremento en el coste que ha tenido el servicio", afirma Consuelo Álvarez, concejala de Bienestar Social, que ve con optimismo el desarrollo que están teniendo las conversaciones: "Antes se negaban de manera rotunda a negociar, ahora parece que hay disposición al diálogo".
Actualmente, el reparto se hace en base a la población susceptible de requerir el servicio. La intención del ejecutivo llanerense es mantener la fórmula pero asumiendo también parte del incremento salarial que han tenido las nóminas de las dos trabajadoras.
Creado en septiembre de 2008, el EITAF presta un servicio dirigido a la intervención técnica con familias ante situaciones de desprotección infantil, acogimiento y reunificación familiar, absentismo escolar, tratamiento psicosocial y educativo, con el objetivo de posibilitar que un menor pueda vivir en su familia de origen ofreciendo garantías de que su seguridad, su integridad y sus necesidades básicas están salvaguardadas.
El equipo que actúa en estos concejos está integrado por una educadora y una psicóloga. En total, y tras la ratificación del TSJA, perciben unos emolumentos que sobrepasan, ligeramente, los 80.000 euros brutos anuales.
