03 de enero de 2018
03.01.2018

El Cabo Peñas, al borde del divorcio

La negativa de la Alcaldesa a asumir la presidencia, acusando a Gozón de falta de compromiso, deja la mancomunidad pendiente de un hilo

03.01.2018 | 03:43
Amelia Fernández.

Los Ayuntamientos de Carreño y Gozón están ahora enfrentados por la Mancomunidad del cabo Peñas. Salvo el PP, el resto de grupos políticos están interesados en mantener y, si cabe, ampliar los servicios que presta el ente. Sin embargo, su futuro pende de un hilo y está en causa de disolución porque no ha adaptado sus estatutos a la normativa. El Pleno de Gozón sí lo ha aprobado en su concejo, pero el de Carreño no. La polémica se encuadra en pleno cambio de presidencia, que pasaría de manos del Alcalde gozoniego, Jorge Suárez, a la regidora carreñense, Amelia Fernández, ambos del PSOE. Esta tarde, a las 17.00 horas, se celebra una nueva junta del organismo comarcal.

Ese cargo es rotatorio cada dos años, Suárez fue investido en julio de 2015 y desde entonces es presidente. Renunció a su acta, como marcan los estatutos, seis meses más tarde de lo establecido. Pero su colega carreñense se niega a relevarle.

En este debate hay varios bloques. En uno se enmarcan los grupos de IU de ambos municipios, el PSOE de Gozón y Somos Carreño, cada uno con matices. En otro, el PSOE de Carreño. Mientras tanto, el PP es partidario de la disolución o de una reestructuración vinculada casi a la piscina y poco más. Los primeros piden a Amelia Fernández que asuma la presidencia de la Mancomunidad y la regidora fundamenta su negativa en los "incumplimientos de Gozón" y en la deuda del concejo vecino con el ente comarcal.

En Gozón, esas palabras suenan a excusas y también en la oposición de Carreño, de Somos y de IU. "Todos quieren tanto la Mancomunidad que están matándola sin quererlo", señaló José Ramón Fernández en el último Pleno en el que Carreño debatió sobre el ente comarcal. El PP acude a los Plenos pero no a las comisiones ni juntas de la Mancomunidad. Desde IU de Carreño acusan a la regidora de dejadez de funciones y de "irresponsable" por no aceptar la presidencia y "no atender sus obligaciones, ya que por estatutos no se contempla en ningún caso la posibilidad de renuncia a asumir el cargo de presidente".

El fantasma de la disolución sobrevuela la comarca desde hace tiempo. Ya hubo intentos por parte del PP en el pasado mandato, cuando gobernaba Gozón. Pero la Mancomunidad siguió su curso, eso sí, con problemas económicos. Es más, todos los grupos de la Junta, excepto el PP, ya aprobaron la revisión de los estatutos en el seno de la Mancomunidad en septiembre de 2016, pero para evitar que el organismo comarcal siga en causa de disolución es necesario que los plenos de ambos concejos aprueban esa actualización.

Amelia Fernández argumenta que el pacto que supuso la Mancomunidad del cabo Peñas y sus servicios está roto. Señala que Gozón ha incumplido varios acuerdos, como la deuda que mantiene con el ente comarcal correspondiente al anterior mandato, más concretamente a 2014-2015 y que cifra en 156.004,27 euros. Indica también que la aprobación plenaria en Gozón que supuso la disolución del ente comarcal en 2013 no fue revocada en otro pleno. Otra explicación que da la Alcaldesa es que "los retrasos en el pago de cuotas" por parte de Gozón "suponen un incumplimiento" de normas estatales como el pago a proveedores, "que afecta directamente a servicios públicos que utilizan los vecinos de Carreño, como la piscina".

La decisión del Alcalde de Gozón de no cubrir la plaza de normalización lingüística y querer suprimir el servicio jurídico han ayudado a reforzar la idea de la Alcaldesa de no aceptar el bastón de mando, que por normativa debería tomar. Como alternativa a la disolución de la Mancomunidad plantea crear una comisión técnica que analice la viabilidad o la suspensión del órgano comarcal. "No estamos dispuestos a aportar más y recibir menos", apuntó la Alcaldesa en el Pleno sobre el debate de la Mancomunidad. El Ayuntamiento de Carreño ha enviado una carta al de Gozón con esa propuesta de sumarse a la petición de la comisión técnica. En Carreño, IU, Somos y el PP la rechazaron.

En Gozón se mira la Mancomunidad desde otro prisma. Jorge Suárez fundamenta su argumentación en varios motivos. El primero que, por estatutos, Fernández ha de sucederle en el cargo, porque ya han pasado más de seis meses desde julio, cuando se debería haber hecho el traspaso de poderes. El Alcalde de Gozón defiende que desde que fue elegido regidor redobló el esfuerzo económico del Ayuntamiento a la Mancomunidad, comenzó a aportar cuotas regularmente y sin retrasos y, además, ingresó 150.000 euros más para ponerse al día de la deuda con el ente supramunicipal. El incremento de capital en las arcas de la Mancomunidad y el "compromiso" manifestado por el Ayuntamiento, indican desde el PSOE e IU de Gozón, anula "la excusa de la alcaldesa de no aceptar el cargo".

La plaza de normalización lingüística fue suspendida en septiembre de 2016, Suárez no cubrió la plaza y explica que se debió a paliar los problemas económicos como pagar la paga extra pendiente a los funcionarios. Sobre las intenciones de suprimir el servicio jurídico mancomunado, Jorge Suárez destaca que la letrada aún no se ha jubilado -se retira el 8 de enero- y que Amelia Fernández, "cuando acepte el cargo, tiene la potestad para contratar". Hace semanas, Suárez manifestó su interés en prescindir de ese servicio para contar con un bufete exclusivamente municipal y más amplio (que lleve casos de penal y laboral, entre otros, y no solo contenciosos) para Gozón.

Antes de que estallara la crisis con la renuncia de Amelia Fernández, Somos Carreño tenía pensado presentar a su nueva concejala, Raquel Prendes, como vocal delegada del ente, la mediadora entre ambos ayuntamientos. Pero esa propuesta se quedó en el aire. Carlos López, el portavoz del grupo municipal, la retiró al comprobar que la presidencia estaba vacante.

Y entre tanto, la incertidumbre reina en la Mancomunidad que puede derivar en su completa disolución como no haya un acuerdo que, a día de hoy, resulta casi imposible. Solo la negociación política entre ambos bloques puede salvar aquella unión comarcal que nació en los años noventa.

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