Las subvenciones de Llanera para las ONG que realicen labores de cooperación y las destinadas a asociaciones que fomenten la igualdad llegarán, desde ayer, a más entidades. Así lo acordó el Pleno, que aprobó -sólo con los votos en contra del Partido Popular- modificar las ordenanzas de concesión de estos subsidios a aquellas entidades que tengan "una delegación" en el concejo; o, en el caso de las no gubernamentales, que estén inscritas en el registro del Principado.

El cambio en la normativa no gustó al PP, que entiende que en esta medida subyace un interés oculto por parte de Izquierda Unida. "Quieren subvencionar a asociaciones afines con cargo a los presupuestos de Llanera", acusó en la Sesión el portavoz de los populares, Silverio Argüelles, para quien habilitar estas ayuda a aquellas entidades que "tengan sede" en el concejo es "demasiado abierto".

La oposición del PP a la medida no caló entre el resto de la oposición, que apoyó la propuesta de la concejala de Cooperación y Servicios Sociales, Consuelo Álvarez (IU). "Se trata de evitar confusiones", aclaró la edil sobre la modificación, en la que sostiene que "está abierta aquellas asociaciones que no tengan domicilio social pero sí presencia física en el concejo". Tras su aprobación, la modificación estará abierta a exposición pública 30 días y entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Éste no fue el único "encontronazo" entre el portavoz del PP y Álvarez en la Sesión. El convenio del Equipo de Intervención Técnico de Apoyo a las Familias (EITAF) también copó buena parte del debate político de la Sesión. En el Pleno se dio cuenta de la firma del convenio de 2017, en el que Llanera se hace cargo de buena parte del coste del servicio, y en el turno de preguntas Argüelles cuestionó a la de IU sobre las negociaciones para el futuro ejercicio.

Como ya adelantó hace unos días en este periódico, Álvarez alegó que el reparto del montante se había hecho atendiendo al número de jóvenes que hay en el concejo y que esta división se había hecho sin contar en la suma total el aumento de la masa salarial de los técnicos, de 30.000 euros, que el TSJA reconoció en diciembre de 2016. "En un par de semanas presentaremos al resto de Ayuntamientos -Riosa, Morcín, Ribera de Arriba y Noreña- una nueva propuesta con la que esperamos alcanzar consenso", explicó la concejala sobre el pacto, "más equitativo".

El concejal de Servicios, José María Vega (IU) también aseguró, tras presunta de los populares, que volverá a llevar a Pleno la recuperación de la gestión del servicio de jardinería, un asunto que había quedado pospuesto a la espera de informes técnicos hace ahora un año. Según el edil, estos documentos afirman que los empleados de la actual adjudicataria del servicio tendrían que ser contratados por el Ayuntamiento.