El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Hacienda, Alberto Pajares, anunciaron ayer que el equipo de gobierno municipal no recurrirá las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que daban la razón a los propietarios de terrenos expropiados del polígono de Bobes -cuyas obras llevan años paradas- en el cobro del impuesto sobre la plusvalía. Distintos fallos del tribunal consideraron que el impuesto se le había cobrado a los propietarios cuando ya había prescrito, y obligaba entonces a la devolución del importe pagado. Son 1,85 millones de euros.
Según explicó Pajares, Siero hizo un total de 696 liquidaciones de impuestos, sobre alrededor de 300 propietarios, que supusieron 3.050.000 de euros en ingresos. Los propietarios, por su parte, abrieron 214 contenciosos solicitando la devolución del impuesto, y ganaron la batalla judicial en casi todos los casos. Solo algunos de ellos no lo consiguieron, y casi siempre fue por fallos procedimentales.
Los 1,85 millones corresponden a los que litigaron con el municipio. El resto, 1,2 millones de propietarios que no acudieron a los tribunales, se quedan en las arcas municipales.
El alcalde dijo que su equipo de gobierno "heredó una situación que viene de hace muchos años y lo importante era darle una solución". Afirmó, asimismo, que en su momento el municipio tenía la obligación de cobrar el impuesto, porque así lo consideraban todos los informes técnicos.
Ahora, lo importante es "dar por finalizado el expediente", señaló el regidor. El equipo de gobierno tiene previsto comenzar a pagar las devoluciones con la mayor premura posible. El regidor dijo que el pago no implicará un desajuste presupuestario importante, porque la previsión de ingresos por la plusvalía se había hecho a la baja.
