La antigua factoría de El Águila Negra en Colloto (Siero) podrá recuperar su apariencia gracias a los avances de la técnica. Así lo afirmó ayer el arquitecto Ignacio Alonso en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo, en la vista oral por el caso contra los propietarios de la cervecera, que se enfrentan a un año y ocho meses de prisión, como así solicita la Fiscalía, por un delito contra el patrimonio histórico por no haber evitado el progresivo deterioro del inmueble.
La única duda sobre la rehabilitación integral del edificio la suscitaban unas láminas cinc del tejado, que el arquitecto no estaba seguro de que pudiesen rehacerse. " José Antonio Díez Carbajosa -acusado, junto a su hermano, Ángel Díez Carbajosa, y Manuel Ángel Tresguerres Riestra- asegura que ya ha logrado, incluso, encargar esas piezas. Se están fabricando actualmente", explicó al término de la sesión Gerardo de la Iglesia, abogado de la defensa, quien, además, argumentó que, "concretamente, esas piezas no figuran en el catálogo" del bien patrimonial. Éste será, junto al hecho de que ya se presentó proyecto y se tiene licencia de obra para rehabilitar el edificio, el principal argumento al que se aferrará la defensa para buscar la absolución de los acusados.
El proyecto en cuestión tiene un coste estimado en unos dos millones de euros.
En la sesión de ayer también se trató de demostrar la ruinosa situación económica de Gestión Nora S. A., empresa propietaria de la antigua fábrica cervecera. "Pese a ello, la el proyecto estará avalado por Díez Carbajosa. Su viabilidad está garantizada", expresó De la Iglesia sobre el plan, que cuenta con licencia de obras desde el pasado 7 de febrero.
En la sesión también prestaron declaración el secretario municipal, Hermenegildo Felipe Fanjul, y el arquitecto Luis Fernández, en calidad de testigos-peritos, así como Francisco Javier Díaz, como perito.
La Fiscalía del Principado de Asturias acusa a los dueños del edificio de la antigua fábrica de El Águila Negra de un delito contra el patrimonio histórico por no haber evitado el progresivo deterioro del inmueble y solicita para los tres empresarios una condena de un año y ocho meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público pide que los acusados, conjunta y solidariamente -y, subsidiariamente, la mercantil Gestión Nora- asuman el coste de las obras necesarias para lograr el adecuado mantenimiento del edificio.
